En medio del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, el sector de magistrados judiciales también presentó al Congreso Nacional una propuesta para introducir modificaciones específicas al proyecto que está actualmente en estudio en el Senado, con el objetivo de adaptar la normativa a la carrera judicial.
La propuesta plantea incorporar un capítulo especial denominado “Sector Magistrados Judiciales”, con reglas diferenciadas para este grupo en el sistema previsional.
“Nosotros no estamos en contra, pero sí queremos que un capítulo específicamente se dedique al Poder Judicial. Primero, que hay que tener en cuenta que el sector de los jueces es diferente de los otros sectores en cuanto a la Caja deficitaria que nos quieren incluir también”, explicó en ese sentido Delio Vera, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay.
Entre los puntos centrales, el documento propone mantener la tasa de aporte del 16% a cargo de los magistrados, además de una contribución patronal del 6% por parte del Estado. El sector argumenta que históricamente es superavitario, por lo que considera necesario mantener el mismo porcentaje. “Siempre tuvimos superávit desde el 2010 hasta 2023. Entre 2024 y 2025 sí hubo una pequeña diferencia. Pero nosotros encontramos un dinero sobrante de nuestra caja, de nuestro aporte. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se distribuyó? ¿Por qué? Ellos (autoridades) argumentan que hay una ley que les favorece, que les garantiza que pueden distribuir a los deficitarios, entonces, nosotros pedimos concretamente que se mantenga el 16% y no 19% como está en el proyecto”, afirmó Vera al respecto.
El planteamiento de los magistrados también establece que los mismos puedan acceder a la jubilación al cumplir 55 años de edad con al menos 25 años de aporte, mientras que la tasa de sustitución se ubicaría desde el 78% hasta el 100%.
Otro punto relevante es la base de cálculo del beneficio jubilatorio, que los magistrados proponen fijar en el promedio de los últimos cinco años de salario, además de establecer la actualización del haber jubilatorio conforme al salario mínimo legal sin tope, en línea con lo establecido en la Constitución Nacional.
La iniciativa también incluye un “régimen de transición” para quienes ya cuentan con aportes acumulados. En ese sentido, plantea que los afiliados con al menos 10 años de aportes al momento de la entrada en vigencia de la ley continúen rigiéndose por las disposiciones del Decreto Ley 23/1954.
Vera señaló que, si bien el Gobierno habla de no afectar los derechos adquiridos, con el proyecto se eliminarán algunos artículos del Decreto Ley 2354, lo que “perjudicaría” la carrera judicial.
Finalmente, el documento propone ampliar la base contributiva dentro del sector judicial, incorporando a una amplia lista de cargos vinculados al sistema de justicia. “Queremos ampliar a asistentes fiscales, asistentes de defensorías, relatores, y habría mayor ingreso en la Caja Fiscal. Ese es un argumento también que utilizamos para mantener la Caja en superávit”, concluyó el juez.
