La delicada situación financiera de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las presiones políticas para que la estatal otorgue beneficios tarifarios a inversionistas extranjeros sigue causando reacciones. El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, afirmó que no le constan las presiones, pero recordó que la institución eléctrica no tiene la obligación ni la capacidad legal ni financiera de ceder ante exigencias que comprometan su carta orgánica.
Sobre la posible presión que ejercen sectores gremiales y el Ejecutivo para lograr acuerdos tarifarios, Recalde sostuvo que es comprensible que se coloque una carga pesada sobre la empresa, pero subrayó que existen límites infranqueables para la presidencia de la estatal. El ex funcionario advirtió que el titular de la ANDE, como máxima autoridad, no puede verse compelido a ignorar el marco legal que rige a la entidad. “Si ese arreglo lo lleva a ir contra de su Carta Orgánica que es la Ley 966/64, eso evidentemente va a ser responsabilidad del presidente de la ANDE”, dijo a ÚH.
El ingeniero Recalde enfatizó que si existiera una voluntad política de otorgar condiciones especiales, el camino no puede ser la imposición administrativa, sino la creación de un marco normativo claro, coincidiendo con las declaraciones públicas del ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.
El ex funcionario de la EBY afirmó que si se busca una exoneración o un subsidio de la tarifa, eso tendría que aprobarse por ley, ya que de lo contrario se estaría infringiendo la normativa vigente. Insistió en que si no se quiere infligir la Carta Orgánica, que es una ley, se tendría que tener alguna autorización por otra ley, o sea, que de alguna manera le proteja esa decisión que vayan a tomar las autoridades de la empresa estatal.
Más allá del aspecto jurídico, el ex director de Yacyretá hizo alusión hacia la insostenibilidad de congelar tarifas a largo plazo, una estrategia que considera un error técnico y económico frente a la realidad del sector. Ante la posibilidad de convenios a 10 o 15 años con precios fijos, Recalde sentenció que “eso es un absurdo”. El especialista argumentó que el costo promedio de generación futura será superior al actual y recordó que para garantizar energía firme y evitar la intermitencia se requiere de inversiones adicionales en infraestructura como baterías, lo que elevarían los costos a valores muchos mayores.
Decretos derogados forman parte de un negociado, señalan legisladores
El senador Rafael Filizzola, cuestionó al Gobierno por no adoptar medidas que prioricen el fortalecimiento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Afirmó que los decretos 5306, 5307, 5860 y 5861 (emitidos entre enero y abril), que otorgaban tarifas eléctricas preferenciales y subsidios a industrias electrointensivas e inteligencia artificial fueron parte de un negociado que se manejó con sigilo, pero que no se logró concretar por la reacción de los sindicatos y referentes del sector energético.
“Ellos quisieron hacer esto en silencio. Y hay que rescatar la posición de los sindicatos e ingenieros. Cuando se vieron expuestos tuvieron que retroceder. Ahora les va ser difícil sacar esto por ley porque no creo que ni los oficialistas voten por algo tan entreguista”, aseguró el legislador respecto a la posibilidad de impulsar una ley para validar los subidos energéticos para industrias.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez afirma que al Gobierno “no le quedó de otra que dejar sin efecto esos decretos ya que estos eran irregulares por donde se los mire”.
“Acá evidentemente hay un plan para hacer plata saqueando la ANDE. El Gobierno quiere que la gente pague la energía de sus amigos. Subsidiar a este grupo de industrias es sinónimo de que el trabajador promedio va a pagar su energía con su factura de luz”, dijo. Benítez mencionó que no le extrañaría que “en breve” se presente un proyecto de ley para permitir subsidios energéticos para sectores amigos.
Potenciales oferentes recorrieron Acaray
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llevó a cabo esta semana una visita técnica dirigida a las empresas interesadas en la Licitación Pública Internacional (LPI) ANDE–BID N° 2004/2026, cuyo objetivo es rehabilitar las conducciones forzadas de la emblemática Central Hidroeléctrica Acaray.
La actividad permitió que los representantes de las firmas candidatas accedieran directamente a la tubería de aducción de la Casa de Máquinas I. Este reconocimiento de terreno es fundamental para que las empresas puedan dimensionar con precisión los desafíos técnicos y logísticos de la obra, garantizando así la calidad y viabilidad de las ofertas que serán presentadas en el marco del proceso licitatorio (ID 483371).
El despliegue operativo fue coordinado por la Unidad de Administración del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central, en conjunto con el Departamento de Medicina Laboral, la Oficina de Seguridad Ocupacional y el Departamento Central Acaray.
La rehabilitación de las conducciones forzadas es uno de los componentes centrales del plan de modernización de la Central Acaray. El proyecto, que cuenta con una inversión estimada de 9,7 millones de dólares, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El recorrido reduce la incertidumbre para los oferentes, asegurando que las propuestas técnicas y económicas reflejen las necesidades de modernización, dice la ANDE.
