En la sesión ordinaria del 26 de agosto, el concejal Pablo Callizo solicitó que se convocara al interventor para el 2 de setiembre, “con el objetivo de que brinde información y detalles respecto al proceso de intervención de la citada dirección”.
Recién en la última sesión registrada este miércoles se incluyó dentro del orden del día la convocatoria fijada para las 09:30, pero el interventor no se presentó.
El presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, expuso que Óscar Pérez remitió una nota “excusándose” e informando que no estaría presente, aunque no dio más detalles.
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Seguidamente, el concejal Callizo pidió la palabra y volvió a solicitar que el interventor se presente ante el pleno. Además, solicitó que se les remita el informe final de su intervención dentro de la Dirección de Vialidad. Esto atendiendo a que ya pasaron casi dos meses desde la denuncia realizada contra el esquema corrupto dentro de dicha dependencia.
“La ciudadanía quiere saber qué pasó, todo el mundo me pregunta qué pasó o quedó en el oparei o la Municipalidad luego no se va a pronunciar. Nosotros no tenemos información de nada”, aseguró.
Añadió que junto con el informe se remita toda la información que posea el funcionario, ya sea la cantidad de funcionarios sumariados y todo hallazgo relacionado con los procedimientos realizados en las empresas involucradas en el esquema.
El pedido recibió el tratamiento sobre tablas y se resolvió su aprobación, por lo que el interventor debe comparecer ante la Junta el próximo miércoles 16 de septiembre.
Desde Última Hora se buscó contactar desde el pasado lunes con el interventor de Vialidad para saber acerca de sus hallazgos con relación a la denuncia de la mafia del asfalto, así como sobre el esquema de desvío de combustible, denunciado por Callizo. El interventor replicó que respondería “en la brevedad”.
Imputaron a funcionarios municipales, pero no a directores encargados
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía informó sobre una imputación a cuatro funcionarios municipales y a una ciudadana involucrada en el caso del robo de combustible.
La imputación, formulada por los fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez, calculó un daño de G. 100 millones por el uso de maquinaria y recursos de la Municipalidad de Asunción para su uso en un predio privado de la firma Condor SACI, en República Argentina y Osvaldo Chávez.
El uso irregular de los recursos se habría realizado a través de una empresa fantasma dirigida por un funcionario de Vialidad, Antonio Prieto, en coordinación con su esposa.
La imputación fue criticada por el abogado Maximiliano Seiferheld, quien elaboró la denuncia contra el esquema.
“Salvo Antonio Prieto, que tenía un vínculo por la factura que habíamos presentado como prueba ante la Fiscalía, el resto de los integrantes de esta mafia corrupta, que robó 140 toneladas de asfalto en dos operaciones y que robó 1.600 litros de combustible diariamente durante meses, sigue impune”, dijo el abogado.
Seiferheld apuntó como posibles responsables al anterior director de Vialidad, Nicolás Duarte; a Denis Godoy, anterior administrador de la Planta Asfáltica, y a Carlos Bernal, ex encargado del área de combustible.
