El ex juez electoral expresó que dio detalles de lo que él conoció de cómo operan las “asociaciones criminales”, en el que están involucrados abogados y funcionarios de los Juzgados de Paz.
“Hay distintas formas en que se estafa a la gente, y cada manera puede significar distintos tipos, distintas figuras penales”, detalló.
DISTINTOS MODOS. Remarcó que en algunos casos, un pagaré ya ejecutado; es decir ya pagado, se vuelve a ejecutar “y se ejecuta en un Juzgado distante del Juzgado original, generalmente a muchos kilómetros de la casa del demandado, para que no pueda defenderse”, dijo Rolón.
También están los casos en que los pagarés son fraguados y no existe la deuda, pero se les demanda y corre el juicio, obligando a las víctimas a pagar.
“En otros casos puede ser que el pagaré original representa una obligación de G. 2 millones y con maniobras que realizan estos actores privados, se quintuplica (el monto)”, gracias a la complicidad de los Juzgados de Paz.
Todos esos casos de estafa, al final, tienen algo en común, que es que supuestamente hacen la notificación al deudor, pero llamativamente la persona nunca está cuando se le notifica, con lo que hace que se acumule el interés, y eso genera una mora artificial.
Rolón lamentó que “hay algunas casas de cobranza y casas de crédito, estudios jurídicos, literalmente funcionan como secretaría de estos juzgados de Paz. O sea, manejan los expedientes, los tramitan, imprimen las resolución y solamente queda hacer la firma del juez o jueza”.
Entonces, estos expedientes en realidad nunca se tramitan en las sedes judiciales.
La Fiscalía inició la causa tras la denuncia de la Superintendencia de la Corte, la cual días pasados auditó algunos juzgados de Asunción.
Rolón lamentó que no haya un equipo fiscal que investiga la “compleja causa”. “Esto es algo enorme, en términos de actores involucrados, los intereses en juego, el dinero que se mueve y la cantidad de víctimas”, sostuvo.
INTERVENIDOS. A inicios del mes, la Corte determinó que se intervengan los Juzgados de Paz de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación, todos de la capital.
También suspendió ascensos y nombramientos de funcionarios judiciales y dispuso que varios ujieres pasen a disposición de la Dirección de Administración de Personal.
La Contraloría también inició un examen de correspondencia de los bienes de los ujieres y jueces denunciados.
