El Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo iniciaron acciones conjuntas para atender a las víctimas de la estafa masiva por la emisión irregular de pagarés.
En ese sentido, ambas instituciones empezaron a trabajar en la conformación de grupos de trabajo y la estrategia jurídica a ser implementada.
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Sin embargo, tropezaron con inconvenientes al no encontrar algunos expedientes físicos en los juzgados de paz, lo que dificulta plantear una acción de forma inmediata.
A raíz de esto, se busca individualizar a las personas afectadas, solicitando a los ministerios de Educación y Salud, donde hay más afectados, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que provean una lista de los funcionarios públicos dependientes de la institución, cuyos salarios se hallen gravados por embargos trabados en el marco de juicios ejecutivos promovidos en cualquiera de los juzgados.
Los datos solicitados a los ministerios son nombre, cédula, remuneración total del funcionario, cuenta bancaria a través de la cual percibe su remuneración, juzgado que ordenó cada embargo, datos del expediente judicial, porcentaje del salario embargado, monto total descontado y cuenta judicial abierta en la cual depositan las sumas.
Para las acciones legales, los afectados deberán acercarse a solicitar que se les represente, teniendo en cuenta que no se puede intervenir de oficio en un proceso civil donde está afectado un patrimonio privado, según la norma procesal vigente.
De igual manera, se está estudiando la estrategia en las acciones a tomar, entre ellas el artículo 38 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a la defensa de los intereses difusos y la protección al consumidor, que podría permitir una acción colectiva, intentando una nulidad.
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“Esto al considerar que hasta el momento se han identificado unas tres casuísticas diferentes o tipos de estafas con los pagarés: pagarés que se ejecutan más de una vez, otros donde las notificaciones nunca se realizaron, y la falsificación de firmas; además hay otros casos de expedientes que no existen en físico, no se evidencian la existencia de esos expedientes”, remarcaron.
Entre tanto, también se toma en cuenta la cuestión de competencia territorial, es decir, si son todos de capital o si hay juzgados también en otras jurisdicciones del país.
Las tareas del equipo de trabajo interinstitucional son lideradas por el defensor público, Javier Dejesús Esquivel y el defensor del pueblo, Rafael Ávila.
“En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos humanos en el ámbito judicial, ambas autoridades reafirman el compromiso de sus instituciones con la articulación interinstitucional, destacando la necesidad de priorizar la atención a las personas afectadas, garantizar el acceso a información clave del caso y promover una respuesta eficiente, integral y centrada en los derechos de las víctimas”, recalcaron.
