La Corte Suprema de Justicia emitió el comunicado ante la “situación generada” por las denuncias sobre irregularidades que se habrían cometido en juicios ejecutivos tramitados ante juzgados de paz, caso conocido como Mafia de los pagarés, y en relación a las solicitudes de suspensión o anulación genérica de embargos y juicios, “en estricto apego al marco legal vigente en la República del Paraguay”.
“Conforme con la normativa paraguaya, no resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar, de manera generalizada, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial”, afirmaron desde la Corte en el documento.
Manifestaron que tampoco es posible la anulación de la tramitación de juicios ejecutivos “de forma indiscriminada o genérica”, sea por disposición de la Corte Suprema de Justicia o por autoridades externas al Poder Judicial, y que, en caso de proceder de ese modo, se estaría realizando una clara transgresión a la normativa constitucional vigente.
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“Debe recordarse lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución de la República que, de manera categórica, dispone que en ningún caso los miembros de los otros Poderes del Estado ni otros funcionarios pueden arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial”, expresaron.
Asimismo, indicaron que es un principio fundamental la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en la administración de la justicia, la que se debería dar a través del debido proceso, con intervención de las partes y el dictado de las correspondientes resoluciones judiciales que pueden ser revisadas por los órganos de alzada pertinentes, en ejercicio de las normas procesales vigentes.
“No puede soslayarse que, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil, las medidas cautelares y las medidas de ejecución dictadas en el marco de un juicio ejecutivo, como los embargos preventivos y ejecutivos, solo pueden ser levantadas por el mismo magistrado que las dispuso, a través de los mecanismos procesales previstos por la ley y tras el análisis de las circunstancias particulares de cada caso puntual y concreto”, se manifiesta en el comunicado.
Se menciona que si bien se reconoce y valora las potestades constitucionales de la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, resulta primordial señalar que las acciones para abordar las presuntas irregularidades en cuestión deben llevarse a cabo de manera individualizada, al analizarse cada uno de los juicios en los que se haya trabado embargos y en los que se identifiquen vicios o vulneraciones al debido proceso.
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En estos casos, cada afectado deberá arbitrar las defensas y peticiones, que deberán ser formuladas en cada juicio y en donde se formularán las reclamaciones según las peculiaridades de cada caso concreto.
“Las vías legales existentes permiten a las partes afectadas plantear las defensas correspondientes en cada caso, ya sea a través de incidentes –entre ellos los de nulidad-, excepciones, recursos u otras herramientas procesales, demostrando las irregularidades específicas que se haya podido incurrir”, reza parte del documento.
Asimismo, resaltaron que la Corte desde el momento en que tomó conocimiento de las posibles irregularidades en los juzgados de paz, adoptó las medidas que consideró apropiadas dentro de su ámbito de competencia.
Citaron que se iniciaron procesos de auditoría y se suspendieron a magistrados y funcionarios o que se los trasladó a fin de transparentar el proceso de investigación, además de haberse implementado distintas medidas que refuercen la labor de los juzgados de paz intervenidos, optimizándose el ámbito natural de sus respectivas competencias.
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“La Corte Suprema de Justicia está analizando las denuncias presentadas, con la objetividad y seriedad que el caso requiere, para investigar y determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos de los denunciantes y de los denunciados”, aseguraron.
Finalmente, la Corte exhortó a las personas que se consideran afectadas por supuestas irregularidades en juicios ejecutivos, o de cualquier otro tipo, a recurrir a los mecanismos legales existentes y a buscar el asesoramiento de la Defensoría Pública o de abogados particulares para analizar su situación específica y ejercer sus derechos de manera adecuada.
“La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la correcta administración de justicia, y continuará velando por el cumplimiento de las leyes vigentes en el país”, finaliza el comunicado.
