El Congreso Nacional y sus miembros se caracterizan de modo especial por la poca responsabilidad a la hora de administrar el dinero ajeno, el público; ese que ingresa “a duras penas” a las arcas del Estado, principalmente, gracias al sacrificio y la honestidad de gente que cumple con sus obligaciones; y hablamos de los contribuyentes en general, y de los funcionarios públicos honrados, en particular, que –esperamos– sean mucho más numerosos de lo que suponemos.
Y ejemplos hay suficientes. Al tratar el Presupuesto General de la Nación para el 2016, el Senado terminó aprobándolo con más de G. 160 mil millones, que no tienen fuente de financiamiento. Aplicando diferentes criterios políticos –o politiqueros–, los parlamentarios definieron un presupuesto desfinanciado. Claro. Al final de cuentas, no son ellos lo que tienen que conseguir los recursos, distribuirlos y poner la cara ante las instituciones cuando estas reclamen aquello que en los papeles les fue asignado.
Algo de esto ya sucede con los más de 180 mil niños de 12 mil instituciones educativas de Central, que están por perder la merienda escolar el próximo año, porque Hacienda no transfiere los fondos para el pago a los respectivos proveedores. Es decir, total irresponsabilidad o mala fe.
Pero a los diputados y senadores esto no les saca el sueño, pues están seguros de que dicha Secretaría jamás les hará faltar los recursos para sus millonarios sueldos, ya sea por temor, política partidaria o la lógica de “buenas relaciones”.
Otro caso. Los señores de la Cámara Alta introdujeron cambios a la ley “que regula el financiamiento político” buscando aumentar subsidios a los partidos y movimientos políticos y, además, flexibilizar controles y rendiciones cuenta del uso de los mismos.
Es decir, la consigna es la misma: Sigamos repartiendo el dinero público, pues, al final, aquí reina la impunidad y “nosotros mandamos”. Y a esto podríamos agregar los cupos que disponen para contratos sin ningún tipo de control, llegando hasta más de 16 funcionarios por oficina parlamentaria; y muchos ni siquiera aparecen por el lugar.
Será imposible avanzar sin un Estado verdaderamente austero, equilibrado en sus ingresos y egresos. Hay una cultura de derroche e irresponsabilidad que debe ser superada, fortaleciendo –entre otros elementos– la transparencia sobre la utilización de recursos públicos. Es hora de erradicar la idea de parlamentarios, funcionarios y otros, de que el dinero que proviene de la gente siempre –y de manera impune– podrá ser utilizado para el vito y la joda.
