CASO RIVAS. El caso que compete al senador cartista Hernán Rivas tuvo un giro inesperado. El viernes último, el Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Bibiana Benítez Faría, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández, admitió el recurso de reposición que presentó la defensa del senador cartista Hernán Rivas, por lo que revocó la admisión de la imputación en contra del legislador por título falso, que realizó el juez Miguel Palacios.
El Tribunal señaló que “el acta de imputación no cumple con las formalidades exigidas por la ley”. El legislador colorado fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. A mediados de febrero fue desaforado para que se someta al proceso en su contra.
CASO VELÁZQUEZ. También durante la semana en que estuvo presente el zar anticorrupción, se desestimó la denuncia contra el ex vicepresidente Hugo Velázquez y el ex asesor jurídico de Yacyretá, el abogado Juan Carlos Duarte, por presunto soborno que se inició justamente tras la acusación del país del norte.
La causa se inició cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Velázquez y Juan Carlos Duarte de participar en actos de corrupción significativa, que fue comunicada el 12 de agosto de 2022 por el embajador Marc Ostfield.
Según los EEUU, Velázquez supuestamente ofreció más de USD 1 millón a un funcionario público para obstruir una investigación que amenazaba a sus intereses personales y financieros.
Sin embargo, su causa fue desestimada por falta de pruebas, según la Fiscalía.
STELLA MARY. También durante la semana en la cual se encontraba de visita el enviado de Estados Unidos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sancionó con un apercibimiento a la fiscala Stella Mary Cano por el caso del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro. El voto fue dividido y el cartismo hizo pesar su mayoría en dicho organismo.
Los hechos cuestionados fueron que la fiscala habría acusado, alegando y solicitando condena por el hecho punible de tráfico de influencias, sin siquiera manifestar en qué consistirían los hechos; además, habría acusado por lesión de confianza, sin siquiera explicar cómo pretendía demostrar que la obra pública pagada no existía o algún tipo de perjuicio patrimonial causado que fundadamente la acusación, limitándose a formular juicios de valor sin describir hechos.
EBY. Otro hecho fue la prescripción del expediente judicial de la Entidad Binacional Yacyretá, en el que se investigaba un presunto perjuicio de G. 9.980.000.000, que estuviera siete años en el Tribunal de Apelación Penal, lo que luego derivó en la prescripción.
