Decidí colocar este título para llamar la atención acerca de un tema sobre el que parece que todos tuviéramos el mismo parecer y, sin embargo, ni siquiera se discute lo suficiente para saber si es así. Se trata del paradigma de la inclusión que hoy tiene muchas implicancias políticas, educativas y culturales. Es la frase de moda, así como su antónimo político: la discriminación. En la sociedad de la tolerancia y de las redefiniciones semánticas, estas palabras parecen de las más popularmente aceptadas.
Atención, no cuestiono la inclusión (entendida como búsqueda de igualdad de oportunidades para todos) como un aporte al bien común, siempre que los medios empleados sean adecuados y justos, pero sí me llama la atención lo que el Gobierno y algunos de sus consejeros consideran necesario para lograr esta inclusión.
Por ejemplo, según la Ley 5136 De Educación Inclusiva que se está implementando con más fuerza ahora en las escuelas públicas y privadas, incluso todo acto de distinción ya se considera una discriminación; o sea, se puede entender que para esta ley de aplicación “obligatoria y general”, no sería justo dar a cada persona lo que le corresponde, lo cual en el caso de la educación de personas con discapacidad o trastornos de la conducta, debería suponer una educación diferenciada del altísima calidad humana que logre producir lo que todo educador desea: la máxima expresión de las potencialidades de dichas personas, y no una medida populista de supuesto acceso universal, que en la práctica podría significar el abandono de los cuidados particulares y la masificación de dichas personas.
¿Cómo lograrán los pobres maestros, a quienes se les conmina a integrar en sus aulas comunes a personas con discapacidades y trastornos y desarrollar sus programas educativos lo mejor que puedan? ¿Y qué pasa con el rol subsidiario del Estado para las familias con miembros en situación de riesgo? Al cargar la presión política sobre las escuelas para lograr resultados que puedan justificar financiaciones y tal, las familias vuelven a quedar como simples acompañantes del proceso ya previamente trazado políticamente para ellos, sin dejarles ejercer el rol primordial que les corresponde.
Quienes conocemos a familias con miembros con discapacidad y sus necesidades específicas, solicitamos, por amor a la verdad, una reconsideración que apunte más a la realidad. Deberíamos discutirlo más.
