En el curso del proceso democrático del Paraguay, que inició en febrero de 1989, con el derrocamiento de la larga dictadura de 35 años del general Alfredo Stroessner, se registraron crispaciones diplomáticas en las que gobiernos de turno aplicaron la herramienta de protesta del llamado a consultas a su embajador en el país cuya conducta provocó la molestia.
Tal el caso acaecido en 1999, cuando el Gobierno colorado encabezado por el presidente Luis González Macchi llamó a consultas a su embajadora en la Argentina, Leila Rachid Lichi, como expresión de molestia porque la administración de Carlos Saúl Menem otorgó asilo político y se negó a la extradición del general Lino César Oviedo.
El militar estaba señalado como mentor del atentado fatal contra el vicepresidente Luis María Argaña y era investigado por el crimen de al menos ocho manifestantes en la plaza del Congreso, en los hechos del denominado Marzo Paraguayo.
Antes, Oviedo había sido condenado a 10 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 1996 contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, pero fue liberado por el Gobierno de Raúl Cubas, en agosto de 1998.
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Al mismo tiempo que a la embajadora Rachid, el Gobierno también había convocado a su representante diplomática en Uruguay, embajadora Julia Velilla Laconich, ante la negativa del Gobierno uruguayo de atender la solicitud de extradición del ex ministro paraguayo José Segovia, asilado político en el país charrúa.
Segovia fue ministro de Defensa en el breve Gobierno de Cubas, y terminó acusado de fraude por la desaparición de G. 2.000 millones de las arcas de la Secretaría de Estado a su cargo.
Luego de que Oviedo se fugara de la Argentina a Brasil, la embajadora Rachid retornó a Buenos Aires a la sede de la Embajada, donde siguió hasta el año 2000. En tanto que la embajadora Velilla Laconich no regresó a Montevideo.
Venezuela
Un acontecimiento más reciente tuvo lugar en agosto del 2016, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una de sus alocuciones llamó “narcotraficante” al entonces presidente paraguayo, Horacio Cartes. En repudio de estas “declaraciones injuriosas” el Gobierno paraguayo retiró a su embajador, Enrique Jara, que finalmente no retornó a la sede de sus funciones. La sede diplomática continuó abierta, pero con un plantel mínimo de funcionarios.
Por otras razones, en 2019, Paraguay rompió relaciones con Venezuela y cerró la Embajada en Caracas.
Con Brasil
Actualmente, y desde hace dos meses y medio, se encuentra en Asunción el embajador de Paraguay ante Brasil, Juan Ángel Delgadillo, llamado a consultas en la primera semana de abril, apenas saltó a la luz pública, a través de filtraciones de la Policía Federal y Fiscalía brasileña a la prensa, que la Agencia Brasileña de Inteligencia Nacional (ABIN) había realizado una operación de ciberespionaje a autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones relacionadas a la hidroeléctrica Itaipú.
La acción se había iniciado durante el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y, según la investigación a la ABIN, prosiguió durante el actual Gobierno que encabeza Luiz Inácio Lula da Silva, lo que complica cualquier explicación que pueda brindar el vecino país al respecto.
Paraguay aguarda desde comienzos de abril las explicaciones oficiales del Gobierno brasileño, solicitadas a través del embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho. Del informe, que hasta ahora no presentó Brasil, dependen que se restablezca la confianza entre ambos países, se retomen las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú –suspendidas unilateralmente por Paraguay– y se restituya al embajador Delgadillo a la sede de sus funciones en Brasilia.
