Las rabonas no tienen sanciones, pero ausencias cuestan G. 1.000 millones

La Cámara de Diputados en su conjunto se ha caracterizado en este periodo por la falta de empatía y responsabilidad. Las leyes propuestas no logran aterrizar y tener efecto real en la población. Existe una agenda y una acción política divorciada de la realidad. Tal es el caso que solo en julio dos sesiones, es decir, la mitad de las que están agendadas hacerse en el mes, no se realizaron por ausencias masivas de los integrantes.
Los abusos están a la orden del día, y ya no pasa solo por la contratación de familiares y el excesivo gasto anual que representan los 80 diputados –aunque honrosas excepciones hagan la diferencia–, que ya significan unos G. 4.100 millones solo en dieta y gastos de representación, ahora hacen gala de la falta de interés por el trabajo.

Solo en la sesión del 10 de julio, si los 44 ausentes hubieran sufrido descuento en su dieta por un día de trabajo –solo sesionan cuatro veces al mes–, la suma por cabeza debería ser G. 7.500.000 y hubiera significado al Estado una suma de G. 330 millones.

Esa suma es similar a los gastos que los pacientes en UTI acarreaban al Estado en pandemia. Es el 25% de la provisión semanal de medicamentos para oncológicos.

Las autoridades de la Cámara, liderada por el diputado Raúl Latorre, dieron un leve tirón de orejas y, ante los hechos consumados, basta con decir que no harán nada. Se mostró confiado con que sus colegas se ordenarán y apeló a la responsabilidad.

Latorre se recostó en que el reglamento no da herramientas sancionatorias, salvo que se reúnan las condiciones. Pero obvió responsabilizar a sus colegas de bancada, puesto que el cartismo por sí solo da cuórum. Eso, sin duda, se da cuando el contexto político así lo exige.

Cabe señalar que se ha vuelto reiterativa la rabona, si se cuenta que también el 13 de marzo de este año solo se llegó al estadío de sobre tablas y no se avanzó en un solo tema del orden del día. Así, fueron ya tres las fechas en que los diputados saltearon su tarea y no dieron trámite a proyecto alguno, muchos de los cuales tienen vital importancia.

Ahora, tampoco la presencia en algunos casos da garantías de que este Parlamento legisle a favor de las mayorías, puesto que algunos proyectos de contenido social ni siquiera fueron analizados antes de ser rechazados.

Incongruencias. Ejemplo de esto es el rechazo sin discusión del proyecto para fondear a los enfermos de Incán, cuyo presupuesto tambaleó luego de la aparición de la Ley Hambre Cero, puesto que Fonacide tenía blindados para los oncológicos unos recursos que, si bien insuficientes, estaban ahí. La propuesta del diputado Adrián Billy Vaesken en esa oportunidad fue enviada al archivo. Un proyecto de auxilio a pobladores de Ñeembucú, o medidas que palien las graves consecuencias económicas que trajo la inundación en esa zona, es otro ejemplo. En la sesión pasada se rechazó de plano.

Si bien proyectos de esta naturaleza ingresan de manera periódica, el fundamento de los legisladores de la mayoría, que aducen cuidar el erario, cae por su propio peso al remontarnos al intento de autoaumento que rondó las cámaras a finales del año pasado y cuando casi pasaron a ganar de G. 32 millones a G. 36 millones, es decir, doce veces más que el mínimo legal.

También cuentan los privilegios, como tener asesores –muchos de ellos familiares elegidos a dedo– bien pagados en sus respectivos despachos. Existe además un listado de vehículos de la institución a cargo de varios diputados y, como cerecita que faltaba, las misiones parlamentarias, viajes por convenios, cursos, invitaciones o por comisiones de amistad con varios países. Estaban limitados a tres por cada parlamentario, pero ellos mismos cambiaron las reglas para que no se limiten.