Los datos parciales del Ministerio Público respecto a hechos de inseguridad en el país, correspondientes al año 2025, son ciertamente preocupantes. De enero a setiembre se registraron 58.230 denuncias de hechos de inseguridad, lo que resulta en un promedio de 8,8 denuncias por hora. Esta es la realidad que vive a diario la población, situación que evidencia la falta de mejores estrategias y políticas públicas que ayuden a combatir la delincuencia y la violencia urbana. Es muy grande el desafío y las respuestas ya no deben demorar más.
Aquellas afirmaciones desataron –como era de esperar– una ola de críticas, pero también fue una ocasión oportuna para que los ciudadanos compartieran sus experiencias en las redes sociales. Así, se podía leer: “Estos ya se burlan del pueblo, en menos de 3 meses me robaron 3 veces todo lo que había dentro de mi auto (rompen el vidrio). Lleno de chespis por la calle, ni caminar uno ya no puede de esta gente”. “Y en qué quedamos, es el más seguro de Sudamérica, pero te roban el celular cuando hablas, te levantan el auto cuando entras al súper, la moto cuando estacionas en la calle”. “Los números correctos de inseguridad en nuestro país conocemos nosotros los ciudadanos, en nuestro día a día que salimos con el Jesús en la boca”.
Por lo que se puede ver, la situación no ha variado mucho, al menos en lo que va del Gobierno de Santiago Peña. De acuerdo con el informe de gestión 2025 del Ministerio Público, de enero a setiembre hubo 58.230 denuncias de hechos de inseguridad a nivel país, lo que resulta en un promedio de 8,8 denuncias por hora; entre ellas, hurto, hurto agravado, robo agravado y robo.
No se puede perder de vista que estos números no son solo datos, detrás de cada denuncia hay una persona que sufrió una situación aterradora, hay un paraguayo o una paraguaya que ha sentido que las instituciones del Estado le han fallado.
Cuando afirmamos que hace falta mejorar las estrategias, y que hacen falta políticas públicas que hagan más eficiente el combate a la delincuencia, nos referimos también a la decisión del Gobierno de reducir el tiempo de instrucción de los agentes de la Policía Nacional. A finales del 2024 fueron incorporados cinco mil nuevos policías y de inmediato ya salieron a las calles, con apenas ocho meses de formación. El pasado diciembre egresaron otros cinco mil, y con ellos ya suman 10.000 nuevos agentes policiales en dos años. La decisión sigue generando dudas, y resulta evidente –considerando los datos– que aumentar la cantidad de policías en las calles, no ha tenido el efecto esperado, esto es, reducir los hechos de delincuencia.
Como precisamente señalaba Hugo Pereira, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (UNA): no todo se puede resolver con represión. “Es el momento de analizar en profundidad todo lo que tiene que ver con esta descomposición por la cual está atravesando la sociedad paraguaya. Se perdió completamente el respeto a los maestros, el respeto a los padres”.
Sugería, asimismo, una mirada más profunda sobre la sociedad, ya que todo lo que sucede tiene consecuencias. “Hay un nivel de corrupción terrible, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de las instituciones estatales, principalmente las de seguridad y lógicamente la cuestión de la prevención puede ayudar hasta cierto punto, pero no es la solución de fondo a toda esta problemática que estamos atravesando”.
Urge por lo tanto una profunda autocrítica, pues las instituciones del estado deben recuperar credibilidad, y deben encontrar las soluciones; ya no queda más tiempo que perder. La niñez y la juventud paraguaya necesitan oportunidades, acceso a salud y educación de calidad y empleo digno, y porque todos los paraguayos merecen una vida digna y segura.
