En cinco meses, trece personas fallecieron en accidentes sobre la ruta PY08, Blas Garay, en un tramo de unos 150 kilómetros en San Pedro, que es considerado uno de los corredores viales más peligrosos del país, debido al mal estado de la ruta. En Canindeyú, una comunidad lleva décadas esperando la construcción de un puente que le permita cruzar con seguridad un río, y romper el aislamiento. Asumir responsabilidad no equivale a ofrecer soluciones paliativas, sino entender que la desidia cuesta vidas, y roba bienestar a la población.
Relatan los vecinos que muchas personas ya han caído al agua al intentar cruzar y que afortunadamente hasta el momento no se registraron víctimas fatales, sin embargo, el riesgo está siempre presente, sobre todo para los niños, adultos mayores y los productores que deben transportar sus mercaderías. (ÚH Enero 12, 2026)
El reclamo llegó al Ministerio de Obras Públicas, MOPC, y sus técnicos visitaron el lugar y se comprometieron a construir un puente de madera. Cuando los pobladores reunieron los materiales, la madera fue retirada ante la promesa de un puente de hormigón armado. Hasta hoy sin embargo las comunidades siguen esperando la construcción del puente. Evitar el cruce del río supone para los vecinos hacer un rodeo 60 kilómetros, lo que hace más costoso el traslado de productos, alimentos, medicamentos y también limita el acceso a los servicios básicos.
Otro ejemplo de la desidia de las instituciones del Estado se materializó recientemente en forma de una tragedia. Hace aproximadamente una semana, un joven médico y su madre fallecieron en un accidente en la ruta PY 08 Blas Garay, en el tramo de comprendido entre la colonia 6.000 Defensores del Chaco, distrito de Guayaibí (San Pedro), y Azotey, Departamento de Concepción. Este relativamente corto tramo se ha convertido en un corredor vial muy peligroso, por la gran cantidad de pozos y baches que lo hacen casi intransitable.
El pésimo estado de la ruta se debe a la falta de mantenimiento en los últimos dos años cuando el MOPC quedó sin empresa contratada para su conservación, por eso, baches profundos, hundimientos y deformaciones del pavimento ponen a diario en peligro a miles de usuarios.
Ahora, a raíz del escándalo mediático desatado, y del creciente clamor de los pobladores de la zona, el Gobierno anunció la firma del contrato para el mantenimiento de la ruta PY08, en el tramo comprendido entre Calle 6000 y Azotey, una “intervención estratégica para mejorar la transitabilidad y seguridad vial en el norte del país”. La obra de 151 kilómetros supondrá una inversión aproximada de USD 15 millones, financiada con fondos locales, y un plazo de ejecución de 24 meses.
Según la recopilación del corresponsal de ÚH en la zona, basada en informes policiales y reportes de medios locales, entre agosto de 2025 y mediados de enero de 2026, 13 personas fallecieron como consecuencia de accidentes ocurridos en este tramo de la ruta 8. Además se cuentan decenas de accidentes con daños materiales y heridos graves.
Exponía recientemente el Sindicato Nacional de Médicos que la falta de seguridad en las rutas del norte de Paraguay, se cobró la vida de dos médicos en apenas tres días. Frente a estas denuncias, las autoridades electas y los funcionarios deberían asumir la responsabilidad, en vez de buscar excusas que las exoneren de culpa o responsabilidad. Dicha actitud es un insulto para los familiares de las víctimas de los accidentes en la ruta PY08, lo mismo que para las decenas de comunidades de paraguayos que viven aisladas del resto del país, por la ausencia del Estado, por la ausencia de un puente.
