El otro país posible, el que afloró con fuerza en medio de la trágica la pandemia mundial del Covid-19 que apuró medidas drásticas para paliar la paupérrima salud pública a raíz del abandono de los gobiernos sucesivos, empezó a tener tropiezos. Era de esperarse en el país de los privilegios inmorales, de la prebenda y la corrupción.
Si bien es cierto que el Congreso acompañó las medidas de urgencia del Poder Ejecutivo como la Ley de Emergencia (USD 1.600 millones) y otras leyes, esta semana mostró sus viejos colmillos para frenar la catarata de cambios que la ciudadanía viene exigiendo hace décadas.
El coronavirus se convertía en magnífica la oportunidad para racionalizar el irracional Estado. Ingenuamente se pensó que los políticos y los sectores privilegiados estarían a la altura de las circunstancias, que iban a ceder un poco por poco tiempo. Que ante el horror de la tragedia que se avecina, iban a descender de su burbuja, mirar hacia abajo y solidarizarse con la mayoría de la población que a estas alturas ya no tiene qué comer.
Cuando el lunes se anunciaba el recorte masivo de los salarios públicos y la reforma del Estado para achicar el aparato público, los poderosos sindicatos de Itaipú emitieron un desafiante comunicado rechazando no solamente los recortes (se estableció que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, es decir G. 37 millones), sino amenazaron con paralizar la hidroeléctrica.
Las redes sociales explotaron. La acusación más suave fue terrorismo de Estado. Al día siguiente, el Presidente advirtió a los sindicatos que él se convertía en su fiero adversario. Ante tamaña reacción, los gremialistas negaron el documento, pero ya fue tarde. Hoy están imputados por perturbación de servicios públicos y coacción.
La reacción de los funcionarios no sorprende porque viven en otro planeta, donde el resplandor del lujo no les permite ver que en Paraguay 1.700.000 personas apenan tienen para la canasta básica y otras 340 mil viven en extrema pobreza, esa que come, con suerte, una vez al día. Son culpables no solamente por su falta de empatía y solidaridad sino por creer que Itaipú les pertenece, que es un mini Estado fuera del alcance la jurisdicción de las leyes paraguayas. Por eso amenazaron con paralizar la hidroeléctrica.
ESTOCADAS. Como dato de una semana para recordar que el cambio será muy difícil, en el Senado no prosperó la intención del Poder Ejecutivo de eliminar el Parlamento del Mercosur y así destinar sus recursos a áreas más urgentes. Tampoco el proyecto para destinar los royaltíes de las municipalidades a Salud (unos 45 millones de dólares). No solamente dijeron que no, sino además flexibilizaron la ley para pagar salarios. Aquí surgió una teoría frívola de la corrupción sostenida por el Frente Guasú que optó por darle dinero a los municipios porque se redistribuye la riqueza. El luguismo nuevamente tuvo un desatino en un momento político clave. No aprendieron la lección de la enmienda sangrienta.
Como si fuera poco, cada cámara conformó la comisión bicameral para controlar el uso de la ley de emergencia (USD 1.600 millones), pero con integrantes con poca credibilidad, con escasísimas excepciones. ¿Tienen conocimientos presupuestarios para semejante tarea? ¿La ética suficiente para denunciar irregularidades de la mayor deuda de la historia? No es necesario ver toda la película para saber el final.
La reforma del Estado, debate que arrancó con ímpetu, se ahogó en el mar de egos y revivió la fractura entre cartistas y abdistas. Se acusan mutuamente de querer apropiarse de la idea. Una pelea muy conveniente para quienes se oponen ancestralmente a cambiar este viejo país.
Para cerrar la negra semana legislativa, la irresponsabilidad criminal de la senadora/pastora María Eugenia Bajac, quien con síntomas de Covid-19 (luego dio positivo) rompió la cuarentena y fue a la sesión del Senado. Por su culpa, se tuvo que clausurar el Congreso hasta finalizada la Semana Santa. Justo en momentos en que es vital la actividad parlamentaria. Otra que está en el ojo de la tormenta es la diputada cartista Del Pilar Medina. La conducta de ambas está bajo el escrutinio público y se espera sanción ejemplar que vaya más allá de la simple reprimenda.
LENTITUD. En tanto, la Secretaría de Emergencia sigue sin dar las respuestas rápidas al programa Ñangareko, destinado a 330 mil familias vulnerables. Hasta ayer a la tarde, su sitio web informaba que transfirieron apenas a unas 27 mi familias.
La ciudadanía que dio ejemplo en la primera etapa de la cuarentena, está rompiendo cada vez más el aislamiento social tan necesario para reducir los efectos del contagio. Tanto que el viernes el Ejecutivo se vio obligado a endurecer las restricciones.
Cada uno está obligado moralmente a hacer su parte. Desde la simplicidad de quedarse en casa, trabajar con más ahínco para los sectores más vulnerables, renunciar momentáneamente a los privilegios y apoyar la cirugía mayor para extirpar, de una vez por todas del Estado, aquellas élites parásitas que hace décadas aniquilan las instituciones.
¿Qué otro Apocalipsis se necesita para comprender el rol histórico que cada uno debe cumplir?
