18 may. 2024

La Superintendencia, un primer paso

La ley que crea la Superintendencia y regula el rol supervisor del Estado en el sistema de jubilaciones, finalmente, fue aprobada después de muchos años de discusiones e idas y vueltas, con el objetivo de ordenar un sector anárquico en la gestión de los fondos jubilatorios, que es un fracaso en términos de cobertura y equidad social y que está absolutamente desfinanciado, con alto riesgo de incumplimiento de sus obligaciones con los asegurados y las implicancias de esto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La misión de la Superintendencia de Jubilaciones es doble y ambas muy importantes, regular y supervisar el sistema de jubilaciones y pensiones. El “sistema” incorpora en su definición a todos los mecanismos de financiamiento, sean de reparto, capitalización individual o colectiva e incluye a todas las cajas existentes creadas por ley y a las cajas mutuales privadas que están operando. Además, la Superintendencia puede regular y habilitar la creación de administradoras privadas de fondos de jubilaciones en régimen de capitalización individual y de afiliación voluntaria, lo cual permitirá completar las opciones disponibles para segmentos actualmente excluidos, como los profesionales independientes o propietarios de mipymes y, así, ampliar la cobertura del sistema.

La Superintendencia tiene la potestad de regular, con aprobación previa del Consejo de Seguridad Social, en qué y las proporciones máximas en que pueden ser invertidos los fondos jubilatorios, bajo criterios de buenas prácticas en diversificación de riesgos, con el objetivo de preservar la seguridad y la liquidez de los fondos y, a partir de allí, optimizar su rentabilidad para mejorar la sostenibilidad financiera de las cajas y del sistema. Asimismo, deberá emitir regulaciones relativas al buen gobierno corporativo, de evaluación actuarial periódica, de transparencia informativa, etc. Su otro rol principal es supervisar las cajas y otras entidades de jubilaciones, que abarca desde el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones asumidas con los afiliados en base a sus cartas orgánicas o planes de jubilaciones, así como de las regulaciones emanadas de la propia Superintendencia, y cuenta con facultades de intervención a entidades insolventes y sancionatorias para estas, sus directivos y ejecutivos en casos de incumplimiento, según su gravedad.

La ley prevé un periodo de transición de dos años para la conformación de la Superintendencia y un año adicional para capacitación a las entidades supervisadas. Esto nos lleva al año 2027 para su vigencia efectiva y de entrada enfrentará grandes desafíos. Según proyecciones del BID, la Caja Fiscal entraría en situación crítica en el 2029 cuando se acaben sus reservas, con un déficit proyectado cercano al 1% del PIB que impactará plenamente las finanzas públicas. El IPS, en las condiciones actuales, sigue el mismo camino aunque un poco más rezagado y la situación de las demás cajas es desconocida.

La principal debilidad que observamos es la creación del Consejo de Seguridad Social del cual depende la Superintendencia de Jubilaciones, en particular porque tendrá la participación de partes interesadas, ya que estos podrían obstaculizar o dificultar la acción de la Superintendencia o el avance de las reformas necesarias. Ojalá estén a la altura de las circunstancias, superen sus legítimos objetivos sectoriales y puedan tomar decisiones en función al interés general de la sociedad. Si fuera así, este Consejo puede convertirse en una fortaleza antes que en una debilidad.

Si bien persiste esta duda respecto a la efectividad de la gobernanza, la ley aprobada es un paso importante y el factor crítico de éxito será la rigurosidad en la implementación de la Superintendencia para convertirla en una entidad eminentemente técnica. Es necesario dotarla de recursos suficientes, de capital humano adecuado y garantizar la absoluta independencia en su gestión. Esto será clave para que cumpla su misión de transformar el sector y dotar a la sociedad de un instrumento eficaz para la protección de la fuerza laboral en su edad de retiro. Además, el acompañamiento del sector privado y la sociedad civil será fundamental para darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo.

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