Preguntaba en estos días un colega qué pasaba que el Gobierno de Cartes no mide las consecuencias de postular para el servicio exterior a gente vinculada a la dictadura stronista (1954-1989).
Se refería al caso de Luis González Arias, cuya aprobación está pendiente en el Senado para la Embajada de Perú y que tiene en contra una escalada de denuncias –como en 2007– de haber colaborado muy de cerca con la tiranía que dejó 425 ejecutados-desaparecidos, casi 20.000 detenidos, 20.814 exiliados y regó de tumbas NN el país, según la Comisión de Verdad y Justicia.
Entonces, lo lógico era responderle, porque el propio Cartes simpatiza con esas ideas. Que no es casualidad que a la cabeza de la Cancillería tiene a nada menos que a uno de los entonces secretario de la Liga Mundial Anticomunista, reunido en Asunción en los 70. Que no solo González Arias es de ese “pelaje”, que el propio sistema que reimpulsan desde el Gobierno en los espacios públicos y en los espacios del Estado está impregnado de la impronta stronista: nada de disenso, nada de pensamiento distinto, nada de democracia real. Todo sustanciado en la lógica: para los amigos todo, para “los enemigos” la dureza de la ley chicaneada y si fuere posible otros golpes. Prueba de ello es el ejército de funcionarios caídos en desgracia o expulsados por no alinearse “al color” de turno, sin importar capacidad o carrera administrativa.
En ese mismo universo de cosas, está la vieja práctica de buscar concentrar el poder en un poder único, en el Ejecutivo, diezmando el equilibrio y la soberanía de Poderes. La Ley de Alianza Público-Privada es un ejemplo claro, la de militarización, igual; y ahora desde el partido de Gobierno, el Colorado, se impulsa la idea de recortarle funciones a la Justicia, argumentando exceso de tareas administrativas (?), dentro de la necesaria reforma judicial, donde el problema es la corrupción.
El caso de González Arias sucede al de Goli Stroessner, el nieto del dictador que por cierto sigue siendo presidente honorario de la ANR. El año pasado el Gobierno pidió al Legislativo que lo designaran embajador ante la ONU. Una instancia mundial donde el propio canciller, a contrahistoria de su pasado stronista, pretendía incorporarse en nombre del Paraguay a la Comisión de DDHH desde donde fueron denunciadas las atroces violaciones a los derechos de las personas cuando estaba vigente la dictadura que él defendía.
Las casualidades no existen sino las causalidades. Si ocurrió lo del autoritarismo, puede volver a ocurrir. Así, la tragedia terminará convirtiéndose en una nefasta farsa.
