El abogado de las empresas, señaló que con la anulación, se podrá proceder a la devolución de los G. 17.044.000.000 que fueron entregados en concepto de adelanto. En caso de la rescisión, se entrará en un litigio judicial, según dijo.
Gustavo Irala, responsable de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, explicó que la anulación solo puede realizarla la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Pero Contrataciones Públicas ya no puede anular porque los contratos ya no existen. Ellos (las empresas), tratan de evitar las multas”, refirió.
La rescisión determina la culpa, en este caso la falta de cumplimiento de la empresa y la obligación de cumplir con los pagos que determinan las pólizas del contrato.
Irala aclaró también que la empresa tomó el compromiso de la provisión de los insumos de seguridad en plena pandemia, por lo que no puede alegar como causa del incumplimiento la situación actual.
El referente jurídico del MSP dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de cambiar la rescisión a una anulación.
“Si quieren recurrir a la justicia, es cuestión de ellos. De hecho muchas empresas suelen recurrir a ello”, expresó. Mencionó además que estos recursos que intenta llevar adelante el asesor legal, tienen que ver con la intención de evitar las sanciones que les impediría presentarse a otras licitaciones.
