Mientras desde la clase obrera hablan de una “estafa”, los jubilados mantienen cierta cautela respecto al proyecto de ley. Desde ambos sectores concuerdan que la institución requiere de una reforma.
El proyecto firmado por el titular del Ejecutivo, Santiago Peña, y por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, tuvo entrada en la Cámara de Senadores.
La extensión del periodo para el cálculo de las jubilaciones, que pasará de 3 a 10 años (promedio de los últimos 120 meses), es el aspecto más relevante que plantea el proyecto.
Además, se establece una reingeniería financiera, se proyecta recuperar el porcentaje del aporte obrero-patronal que se envía a otras instituciones y se busca regularizar unos 1.100 inmuebles.
El ex gerente de Prestaciones de IPS y titular de la Unión de Jubilados del Paraguay, Hugo Halley, valoró que el Gobierno haya eliminado la intención de que el servicio de salud de la previsional sea abierto para toda la población. Por otro lado, señaló como positivos los cambios administrativos que propone el proyecto.
En lo que respecta al plazo del cálculo de las jubilaciones, que pasaría de 3 a 10 años, aseguró que se deberían hacer simulaciones, ya que existen situaciones diferentes. Explicó que lo ideal sería que el cálculo de las jubilaciones debería de considerar el historial salarial del trabajador (si es ascendente o descendente), de modo a que el jubilado tenga una jubilación justa. Cita como ejemplo que a los trabajadores físicos que pasan sus últimos años como porteros, tienen salarios descendentes y no les conviene el cálculo planteado. “Lo que propongo es que ante la diversidad de historias laborales se hagan dos cálculos, con 3 o 10 años o con el tiempo hasta su retiro y el cálculo que favorece más al trabajador que salga la jubilación”, dijo.
Respecto a la regularización de los inmuebles, considera esto como positivo, pero advirtió que se debe analizar cuáles son los bienes que, posteriormente pueden venderse.
Estafa. Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, dijo que la propuesta del Gobierno es “una estafa” al trabajador y que busca encubrir el abandono de IPS. Afirmó que con el nuevo prorrateo, un obrero puede cobrar hasta 35% tras su jubilación.
“Este cambio en el prorrateo se justifica en una necesidad financiera, pero el Gobierno de san títere Peña miente. Lo que buscan es que no se sepa la realidad de la corrupción que hay en la previsional en los negociados, las tercerizaciones y uso de fondos previsionales”, dijo.
Ojeda recordó que el banco vinculado al presidente de la República fue beneficiado con fondos previsionales. “En estas condiciones no se puede debatir una reforma. Se propone trasladar las consecuencias de los problemas a la clase trabajadora”, dijo.
