La Procuraduría General de la República recibió este martes un cheque judicial por el monto de G. 484 millones, como resultado de la ejecución de la sentencia favorable, que se obtuvo en el marco de la acción civil para la reparación del daño interpuesta en un juicio.
En esta causa fueron condenados en el fuero penal ex autoridades superiores y funcionarios de la Policía Nacional que participaron en la comisión de un delito que ha afectado gravemente el patrimonio de dicha dependencia pública, en complicidad con personas particulares.
Es la primera vez que el Estado paraguayo logra la ejecución de una condena por responsabilidad civil, ex delito que ha obligado a varias personas que cumplían el cargo de funcionario público a devolver con sus bienes personales el dinero público que han malversado durante el ejercicio de sus funciones, informó la Procuraduría General de la República.
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Por primera vez desde la vigencia de los códigos penal (Ley 1160/97, modificada por Ley 3440/08) y procesal penal (Ley 1286/98), el Estado ha iniciado la acción civil, para la reparación del daño previsto en la legislación penal, obteniendo un fallo favorable que ha ordenado el resarcimiento del perjuicio económico causado al patrimonio público por conductas ilícitas cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus cargos, en complicidad con sujetos particulares.
El caso
En la sentencia definitiva del 20 de agosto de 2012, el Tribunal de Sentencia competente, integrado por los jueces Gloria Hermosa de Correa, Sandra Farías y Héctor Capurro, resolvió condenar a penas privativas de libertad y declaró civilmente responsables a los ex funcionarios de la Policía Nacional del Departamento de Intendencia.
Se trata de Hermes García Balmaceda, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Intendencia, Juan Silverio Melgarejo Villalba, Carlos Sánchez Cano (ex giradores de Intendencia), además de Francisco Benítez Figueredo, ayudante del mencionado departamento, y a Milciades Dionisio Sanabria Cantero, propietario de la firma MS Import-Export.
Las personas realizaron la sobrefacturación en la compra de carne para las distintas dependencias policiales, produciéndose así un gran perjuicio económico al Estado paraguayo.
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Durante la tramitación de esta demanda, se ha sustanciado una audiencia de conciliación en la cual varios condenados propusieron pagar la suma de G. 440.441.960 en concepto de reparación del daño, la cual, con los intereses en la fecha, dicha suma asciende a G. 484 millones.
Este ofrecimiento fue aceptado por la Procuraduría General de la República, y el monto se entregó mediante cheque judicial al procurador general de la República, Sergio Coscia, a los efectos de que sea depositado en la cuenta del Tesoro Público.
