15 abr. 2024

La Policía debe ser más eficiente para recuperar la credibilidad

Mientras los hechos de delincuencia se suceden a diario, castigando a la población no solamente con la pérdida de sus bienes sino además causándoles daños físicos y emocionales, el Gobierno no acierta a formular planes para mitigar la grave situación. No caben dudas de la escasa credibilidad de la Policía Nacional, así como se hace cada vez más evidente de parte de nuestra clase dirigencial la total incapacidad para formular las necesarias políticas públicas que aborden la compleja problemática.

Ante la ausencia de planes para enfrentar la actual situación de inseguridad, la respuesta de las autoridades es colocar un parche. Puede no ser la principal causa de la situación que nos afecta como país, pero caben pocas dudas de que la escasa credibilidad de la Policía Nacional es un tema que incide en la actual coyuntura.

Los hechos de delincuencia, asalto a negocios, cajeros automáticos, asaltos en residencias particulares con toma de rehenes así como diversos episodios de violencia urbana parecen no tener próximamente un final y, al contrario, se dan con preocupante frecuencia.

Los datos están a disposición de las nuevas autoridades y hablan por sí solos. En nuestro país ocurre un hecho de inseguridad cada seis minutos. Solamente en el primer semestre de este año 143.000 personas han sido víctimas de hurtos y robos. No obstante, el dato que confiere gravedad al tema es el que refiere que el 70 de las víctimas ni siquiera realizan la denuncia antes las autoridades competentes.

Mucho peor es la referencia de la encuesta nacional de victimización, que señala que el 80 por ciento de las víctimas que denuncian los hechos quedan insatisfechas tras acudir a la Justicia. Comparativamente, la encuesta realizada en 2017 y en 2022 coinciden con la información que confirma que apenas 3 de cada 10 delitos (robos, hurtos, etc.) son denunciados.

Estas cifras son la comprobación de una realidad que vive a diario la población, la falta de confianza en las autoridades de seguridad pública.

Lamentablemente, y esto debe ser reconocido por las autoridades, la delincuencia se instaló como parte de la rutina en la vida de los paraguayos. Los hechos de inseguridad, asaltos y robos particularmente son perpetrados en todos los horarios y en todo el país, en la calle, en los negocios, en las viviendas y en al transporte público, prácticamente nadie se salva del accionar de los motochorros y otros delincuentes.

Frente a la realidad y los datos, la cúpula dirigencial de la Policía Nacional está planteando como alternativa de solución acudir a los arcaicos polígrafos, los que serán una exigencia para todos los uniformados que busquen ascenso u ocupar cargos. Las primeras pruebas fueron para cubrir vacancias y, según se informó, el 80% lo aprobó. Los responsables refirieron que los candidatos son sometidos al polígrafo voluntariamente y firman un acuerdo para ello, asimismo, se informó que para fin de año sería reactivado el Departamento de Poligrafistas y hacer las pruebas a los agentes de menor rango.

La implementación de polígrafos como una clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional es sin embargo una falacia, pues en esencia no será la solución para las condiciones de inseguridad ni para la falta de credibilidad por parte de la población.

El polígrafo no va a reemplazar una adecuada investigación de los bienes de los funcionarios para determinar su honestidad, ni tampoco va a reemplazar la adecuada capacitación de los agentes, de modo a evitar errores graves en los procedimientos como tantos que se han sucedido en el pasado, como los casos de gatillo fácil y otros incidentes que se han dado con frecuencia en las barreras. Porque para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Policía Nacional hay mucho trabajo por delante.

No es recomendable caer en la ligereza de considerar que tanto el polígrafo como las pulseras electrónicas van a solucionar de forma mágica o instantánea profundos y complejos problemas.

No debemos renunciar a nuestro derecho a una vida digna, con seguridad y bienestar.

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