El bloque opositor integrado por legisladores de varios partidos emitió un comunicado ayer en el que entre otras cosas solicitan al gobierno que se establezca un diálogo abierto para definir los proyectos como la propuesta Hambre Cero.
“El gobierno del presidente Santiago Peña demuestra incapacidad de diálogo con los distintos sectores políticos y afectados por el proyecto planteado como Hambre Cero, de amplio rechazo por parte de intendentes, gobernadores, la comunidad educativa, científica y otros”, refiere el comunicado publicado ayer en las redes sociales.
Añadieron que eso generó una apresurada modificación de la propuesta original “pero manteniendo irregularidades insalvables de fondo y forma que ahora se agravan con el anuncio de una modificación constitucional”.
El comunicado señala que con la intención de recomponer su relación con los intendentes y como moneda de cambio, el Ejecutivo y sus aliados proponen modificar la Constitución Nacional con el pretexto de redistribuir los ingresos provenientes del impuesto inmobiliario de los gobiernos locales, queriendo tocar la Carta Magna sin ninguna justificación política ni económica.
El sector opositor resalta que el gobierno haya presentado la iniciativa sin un estudio detallado que señale las metas de alcance y los nuevos recursos financieros requeridos para cubrir las necesidades reales en todo el país. “Tampoco se ha manifestado de manera crítica sobre las falencias del sistema, ni expresado la voluntad política de luchar contra la corrupción existente”, también expresa el comunicado.
Los legisladores que ya convocaron y participaron de una audiencia pública para hablar del proyecto que suprime el Fonacide y crea el Fonae, concluyeron que la propuesta no tendrá nuevas fuentes de financiamiento y pretenden reorientar recursos actualmente destinados a otros programas educativos, de salud e inversiones municipales previstos en la ley de distribución de royalties y compensaciones.
Subrayan que el proyecto supone un golpe para la salud, la ciencia y la tecnología, ya que con la derogación de los artículos que blindan sus recursos se corre el riesgo de dejar sin financiamiento a la atención de la salud mental, parte de los fondos para el Instituto Nacional del Cáncer, así como la adquisición de medicamentos e insumos para hospitales. En ese punto señalan que se trata de G. 363.499.000.000, previstos en el PNG de este año.
“Ni la enmienda ni la reorientación de recursos del Fonacide y los royalties generarán nuevos recursos para financiar el programa presentado con improvisaciones que conducirán a nuevos desajustes y carencias en el sistema, por lo que creemos necesario un diálogo abierto y participativo”, exhorta la oposición.
En ese sentido, proponen a todos los sectores políticos establecer un diálogo para definir proyectos serios que contemplen todos los aspectos con el objetivo de dar legitimidad y garantizar que los proyectos no queden en intenciones, sino que resuelvan las necesidades.
Varios legisladores de este sector dieron sus opiniones, aseverando que será muy peligroso realizar una enmienda o reforma constitucional en este momento, ya que el cartismo tendría vía libre para introducir varios cambios como la reelección.
