Así lo establecieron representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia que visitaron los albergues instalados por el Gobierno de Colombia en Villa de Rosario y Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, según un comunicado de la ONU.
Durante el recorrido se “conoció, entre otras situaciones, que cerca de 10.000 personas han retornado desde Venezuela y otras 1.100 han sido deportadas, en la frontera con Cúcuta, según las cifras oficiales recogidas por OCHA”, oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
“Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas están cruzando la frontera a diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río”, señaló el coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild.
Detalló que algunas de esas personas fueron obligadas a abandonarlo todo y “hoy padecen una situación de necesidad e incertidumbre frente a su futuro”.
La ONU también señaló que pese a los esfuerzos nacionales se necesitan más albergues, agua y saneamiento, salud y alertó que “hay vacíos en protección”.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Stephan Jaquemet, insistió, por su parte, en la necesidad de que estas personas reciban asistencia y protección.
“Recibimos denuncias sobre refugiados y solicitantes de asilo quienes pese a su estatus habrían sido obligados a regresar a Colombia. Estamos verificando estos casos, de ser constatado constituiría una violación del derecho internacional del refugiado”, agregó el funcionario.
Desde el inicio de la emergencia la ACNUR, la OCHA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han estado atentos a la situación.
A este esfuerzo se sumó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con asistencia alimentaria y Unicef en apoyo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), responsable de la protección de la niñez en el país.
