La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) lanzó la Campaña Nacional de Reforestación 20.000 árboles en defensa de la tierra y el agua. Es una reafirmación del compromiso “con la defensa de los territorios, la biodiversidad y la soberanía de las comunidades rurales”.
La campaña iniciará este sábado en Canindeyú y proseguirá en Caazapá, San Pedro y Ñeembucú, para luego volver a Canindeyú donde finalizará. Pidieron la solidaridad de la ciudadanía plantando árboles en zonas donde residan, pero al mismo tiempo, exigieron al Estado “mitigar la contaminación y el avance del monocultivo en decenas de distritos”.
Desde la OLT manifestaron que “la deforestación masiva constituye una catástrofe ambiental por la pérdida de fauna y flora”. Además que observan una “falta de acción estatal efectiva” para la protección y control del ambiente.
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Lamentaron la reconversión de bosques para el agronegocio en muchas ocasiones “mediante el desalojo violento de comunidades indígenas y campesinas”. Señalaron que en “todos los desalojos se ejecutan con un uso excesivo de la fuerza”, ya que agentes policiales y de seguridad “actúan con brutalidad, sin respetar la integridad física ni emocional de las comunidades afectadas”. Criticaron el uso de la represión como herramienta del Estado para imponer un modelo de producción que excluye y destruye.
Inclusive, indicaron que hay casos, como en Maracaná, donde las familias desplazadas sobreviven bajo carpas improvisadas, sin alimentos suficientes ni atención médica.
Asimismo, sostuvieron que en Ñeembucú, la preocupación principal de su población es el “avance descontrolado del agronegocio”. Aseguraron que se contaminó el Estero Kambá y otras fuentes hídricas por el monocultivo de eucalipto, arroz y soja transgénica, “impulsados sin estudios ambientales, ni planificación”.
Es por eso que exigieron al Estado “una política de control ambiental real y efectiva en Paraguay, así como una política de reforestación con especies nativas y con planes de restauración ecológica para zonas afectadas por incendios”. También el cese de los desplazamientos forzosos de familias campesinas e indígenas.
Responsabilizaron al Gobierno “por cada desalojo, cada golpe, cada chacra o casa destruida”.
Denunciaron la “contaminación de ríos, arroyos y humedales en Ñeembucú y otras zonas del país, resultado del uso intensivo de agroquímicos en cultivos transgénicos y del monocultivo de eucalipto” y demandaron la “recuperación de los humedales, la protección de la biodiversidad y la implementación de políticas públicas que respeten el ambiente y las formas de vida campesinas”.
