Paraguay es el país más atrasado en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en la región. La problemática es tan amplia que aborda varias carencias que históricamente arrastramos, allí se puede nombrar el insuficiente acceso a métodos anticonceptivos, la falta de una educación sexual integral y una serie de factores socioambientales y también culturales que actúan como barreras para el ejercicio de los derechos.
Este conjunto de conceptos por supuesto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo que, aunque es practicada desde siempre, es vista aún con prejuicios que son reforzados por el fundamentalismo religioso que a su vez permea en los espacios donde los hacedores de políticas públicas deben ceñirse a derechos universales. Pero los cambios para avanzar como sociedad aunque tarden en llegar y a una generación nos gane la ansiedad serán una realidad.
Será una realidad en nombre de las que no sobrevivieron y de las que sufrieron en silencio. Por la niña que arrastra secuelas físicas y sicológicas primero por culpa de un abusador y luego del Estado, que lejos de reinsertarla a una vida acorde a su edad, la transforma en adulta para desentenderse del problema real; por la vecina que casi muere de una hemorragia en la partera del barrio y que por poco deja cinco huérfanos; por la joven que agonizó cuando dañaron sus intestinos en un sanatorio privado; en nombre de las tías y quizás de nuestras madres que lo guardan en secreto por temor a la estigmatización; de la amiga a la que acompañamos en la clandestinidad y por todas nosotras que defendemos una maternidad deseada.
En Sudamérica se sentaron varios precedentes al respecto, principalmente en los últimos años. Colombia es el país que más recientemente actualizó sus normativas con la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, pero además guarda un archivo con casi una veintena de documentos anteriores que están relacionados a la decisión que tomó la Corte Constitucional este año y que fue acompañada por una multitud en las calles. Le sigue Argentina, donde la ley 27.610 prosperó luego de una larga lucha y su previo rechazo en el 2018, también es un país que ya venía despenalizando el aborto en algunas circunstancias. Ahora tiene de una las leyes más inclusivas, que además habla del trato digno, la confidencialidad y autonomía de la voluntad.
Bolivia y Chile aprueban la interrupción pero bajo algunas causales como el embarazo adolescente, casos de violación y procedimientos con fines terapéuticos, en tanto que Brasil legaliza para las dos últimas causales.
En cambio Paraguay tiene apenas una normativa vinculada a través del Código Penal. Nuestra legislación admite el aborto solo en casos en que esté en peligro la vida o la salud de la persona gestante, pero aun así vemos experiencias trágicas en que niñas víctimas de violación son forzadas a parir y que mujeres con embarazos inviables ven cerradas las puertas de la salud pública.
Hoy vemos la persecución penal de una joven, cuya vida estuvo en peligro ante la falta de una normativa que sirva de orientación en la misma línea que las recomendaciones de organismos internacionales. No cabe debatir si el momento en que consumió el medicamento abortivo fue adecuado, justamente porque no hay regulación para esta práctica que existe y seguirá existiendo, a pesar de los detractores y de quienes miran un mundo irreal desde la cúspide de sus privilegios.
Pero nuestra sociedad está en constante movimiento y en algún momento la legislación tendrá que adaptarse a los cambios que se vienen. Mientras tanto los colectivos de mujeres debaten, se movilizan y contraatacan el discurso patriarcal que no hace más que encerrar a las mujeres en el rol reproductivo y que ni siquiera discute las tareas domésticas y de cuidado, que es otro aspecto pendiente de atender desde las políticas públicas.
