Cuando aún la gente no salía de su asombro por los escandalosos e indignantes privilegios de algunos funcionarios públicos, especialmente los del Congreso, las secuelas jurídicas del pornogate del senador Juan Carlos Galaverna, la gente quedó sin aliento con las regalías de los funcionarios de Itaipú y Yacyretá. Esto colmó el vaso.
Casta privilegiada. Con la difusión de los datos se dio el primer paso que es el acceso a la información pública, que mostró en forma descarnada cómo los dirigentes de todos los arcos políticos aprovecharon su posición de privilegio para prostituir la función pública a favor de sus leales, familiares y amantes.
Pocos, muy pocos, pueden tirar la primera piedra.
La lista y sus groseros privilegios siguen impactando. No es fácil digerir que los funcionarios del Senado tengan 5 aguinaldos al año, que el jefe de fotocopias se embolsille 8 salarios mínimos o que 18 funcionarios se encarguen de 2 ascensores, por citar algunos.
O que en las binacionales, un albañil gane G. 20 millones o un guardia de seguridad de Itaipú, G. 40 millones.
Son salarios absolutamente distorsionados, inexplicables en un país donde la pobreza golpea fuerte a un 23% de la población, es decir, 1.600.000 personas. Estudios señalan que el 10% más pobre tiene un ingreso promedio mensual de apenas G. 183.000, o sobrevive con G. 6.000 al día.
La difusión no solo reveló los nombres, por lo que sabemos quién es quién, qué hacen, su formación y quiénes son sus padrinos, sino cómo han inventado asignaciones delirantes para aumentar los salarios. Este diario publicó el Diccionario de oro de las binacionales, en el que se detallan los rubros que perciben gigantescos sobresueldos, a veces, superiores al mismo salario, de por sí millonario.
Así vemos que funcionarios que ganan por encima de G. 30 o 40 millones reciben además subsidios por electricidad, alimentación, anuenios, penosidad o el absurdo presentismo. Mientras que al trabajador privado se le descuenta si no va a trabajar sin justificación, en las binacionales y en la función pública se les paga presentismo. Reciben un millonario sobresueldo por hacer lo que están obligados a hacer: asistir al lugar de trabajo donde no siempre trabajan.
Pero no fue todo.
legislando en el avión. Los políticos siempre tienen la capacidad de sorprender no por sus buenas obras, sino por sus trapisondas. Esta semana fue también fructífera en datos sobre viajes insólitos de algunos diputados. Hay algunos que han dado vueltas al mundo para asistir a seminarios intrascendentes. Está comprobado que la idea es turistear con la plata del pueblo.
Pero hay otros casos más desvergonzados. Como el del diputado colorado Jorge Baruja, quien viajó en enero a Cancún, conocida por sus maravillosas playas, a un seminario sobre menopausia que se realizaba recién en mayo. Se vio obligado a devolver el dinero solamente porque la prensa publicó su caso. De lo contrario, jamás lo hubiese hecho. No se descarta que existan más casos de esta índole, de inventar viajes para quedarse con el dinero. Esto es lisa y llanamente ratería de alto vuelo.
Tal fue el escándalo provocado por Baruja que la Presidencia de la Cámara no tuvo otra alternativa que establecer reglas más estrictas: a partir de ahora hay un tope de 3 viajes por año por cada diputado, además de otros requisitos referentes a pasajes y viáticos.
En este caso, el escándalo obligó a una autorregulación saludable. Está por verse si cumplirán porque los políticos-delincuentes siempre encuentran las mil maneras de birlar y burlar la ley.
EL MAYOR LOGRO DE CARTES. Si algo hay que destacar con fuerza como logro del primer año de Cartes es, sin duda, haber liderado y forzado la transparencia y, específicamente, la información pública, que dejó al desnudo la nómina y los salarios de los funcionarios públicos, sobre todo de las binacionales. Demostró que no había trabas legales, solo voluntad política y liderazgo, y que aquellos que estuvieron antes no lo hicieron por indolencia o corrupción; o por ambas cosas. Quizá su origen empresarial haya sido clave para esta decisión. No forma parte de la clase política cómplice que en la transición no hizo otra cosa sino convertir al Estado en una empresa privatizada para sus bajos instintos de prebendarismo y corrupción.
Pero ahora que la información pública reveló el ADN de la distorsión salarial e indignantes e inadmisibles privilegios, el imperativo es corregirlo.
Y aquí es donde la esperanza se esfuma: son los políticos, los senadores y diputados, esos que tienen a sus familias, a sus leales y amantes, los que turistean con la plata del pueblo, los responsables de esta calamitosa situación. En manos de estos verdugos está la fórmula para corregir esta deformación. Porque ellos manejan y pervierten el presupuesto general cada año, son ellos los dueños de Itaipú y Yacyretá.
¿Se animarán a hacerlo? ¿O solo esperarán agazapados que otro escándalo político tape este? ¿Que la gente tenga amnesia y así seguir perpetrando lo mismo?
