Capital del narcotráfico que se penetra las actividades del mercado legal de manera infiltrada se inserta como un cáncer dentro del sistema económico del Paraguay y perjudica la economía formal.
El dinero sucio, en el momento en que entra a la economía formal, compite con ventajas ante los negocios formales, ya que es más barato y puede hacer ofertas más bajas.
Negocios de dudosa procedencia se presentan y ganan licitaciones dejando de lado a empresas con recursos de origen legal. Tal es el caso que empresas de maletín del clan Pavão realizaban negocios con instituciones del Estado paraguayo.
El dinero narco presente en el sector inmobiliario, ganadero, cooperativas, así como el proveniente de hechos punibles, muestra alteraciones en el mercado que crean bienestar ficticio en algunos sectores, mientras que el costo real es una sociedad a merced de la corrupción, violencia y decadencia institucional, con un crecimiento país puesto incluso en duda y la destrucción de empresas legales y de capital limpio. Al respecto, un análisis de la Universidad de Cambridge describe cómo la criminalidad en el país y América latina crea entonces un “desarrollo trampa”.
En los últimos operativos en la lucha contra el narcotráfico se identificaron grandes actores dentro del mercado. En A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, que desde la Cooperativa San Cristóbal manejaba una red de préstamos que finalmente dejaron un déficit de más de G. 75 mil millones por movimientos de capital a base de créditos irregulares del clan del ex diputado que se encuentra preso. El costo será indefectiblemente absorbido por los socios del San Cristóbal, quienes quedaron atrapados en el conflicto.
En el sector inmobiliario, Jarvis Chimenes Pavão manejaba más de 600 inmuebles en una red de arrendamientos y compra y venta entre empresas de su mismo sistema financiero, con presumibles fines de ocultamiento de bienes e ingreso de capitales al sistema financiero legal, donde además se valieron de repetitivas hipotecas. Estableciendo costos ficticios de mercado de tierras, que perjudican al mercado legal.
En ese camino, el camuflaje de cargamentos de cocaína también influye en el trabajo y prestigio de los exportadores formales de productos agrícolas en camino a posicionarse en mercados internacionales. En ese sentido, se cuentan antecedentes como los del megacargamento de 3.417 kg de cocaína, atribuido a clan Dubini, Juan José Dubini Franco y Juan José Dubini Verdún, descubiertos en el Operativo Cali en 2021. La asociación pretendía valerse del empuje de la comercialización del azúcar orgánica, utilizando incluso prestigio y producción regional del país. En esa misma línea, en 2020, se encontró una carga de 2.900 kg de producto en carbón vegetal, de manos de Cristian Turrini.
DESARROLLO TRAMPA
La publicación de la Universidad de Cambridge, Política criminal y desarrollo chapucero en la América Latina contemporánea, realizado por Andreas E. Feldmann y Juan Pablo Luna, presenta casi una radiografía del Paraguay, donde pone foco en un crecimiento falseado de la economía por la contaminación del mercado con recursos ilegales provenientes de organizaciones criminales en complicidad con la política y el Estado que terminan por incidir hasta en el PIB.
Según explica la publicación, la relativa expansión de la economía ilegal hace que la política criminal sea cada vez más trascendental para la economía política legal y sus instituciones y genera corrupción, violencia, decadencia institucional.
En este sentido, los países pueden eventualmente aumentar su PIB bajo tal escenario. Paraguay creció de manera constante en un momento en que la producción de las economías legales e ilegales se expandió significativamente. Sin embargo, su desarrollo es problemático y ha estado acompañado por la expansión de la corrupción, la erosión institucional y el aumento de la violencia en algunos lugares como Amambay en Paraguay, describe el libro.
El Narco, En y el Estado
El libro de Cambrigde expone que las organizaciones criminales crean un Estado, que se fortalece en las falencias del Estado.
“Los retadores del Estado (traficantes de drogas, en nuestro caso) pueden acumular suficientes recursos materiales y simbólicos para superar los esfuerzos de los políticos y las burocracias públicas para desarrollar la capacidad del Estado, explotando las asimetrías locales entre las partes involucradas. Además, mientras que los estados se mueven lentamente, están delimitados territorialmente y pueden enfrentar restricciones presupuestarias y redistributivas estrictas, las organizaciones criminales no están delimitadas territorialmente, pueden reubicarse rápidamente y tener acceso a recursos masivos. Esta dinámica perjudica las perspectivas de desarrollo.
Es decir, cuando las organizaciones criminales producen suficientes recursos para infiltrarse en partes del Estado, a menudo comienzan a remodelar las actividades comerciales legales y a capturar las instituciones estatales y el sistema político, en lugar de ser contenidas por la economía política legal de un país.
