Vino con la intención de arreglar rápido su situación judicial y quedarse pocos días. En una pausa entre espectáculos de teatro y programas de tevé en Buenos Aires, la vedette argentina Moria Casán alquiló un departamento en Asunción, en donde iba a alojarse, en el caso de que la Justicia paraguaya disponga algún régimen de prisión domiciliaria, mientras duran las gestiones.
Nunca pensó que la mandarían a una cárcel pública. Desde el punto de vista de sus abogados, no había razón. Ana María Casanova (es su verdadero nombre) ya había firmado un acuerdo con el joyero luqueño Armando Benítez, que permitía cerrar el caso de la desaparición de una joya evaluada en 80.000 dólares, durante una presentación en la Conmebol, en 2012.
Pero la visita de Moria se convirtió en un reality show televisivo –argentino y paraguayo– desde el momento en que ella bajó del avión, fue detenida, esposada y conducida a la Comisaría 17, en cuyo calabozo tuvo que dormir la primera noche.
Al parecer, algunos referentes de nuestra Justicia consideraron que tenían una oportunidad mediática excepcional y la aprovecharon para mostrar “mano dura”. La jueza Dina Marchuk ordenó la reclusión de la vedette en la cárcel del Buen Pastor, donde al ingresar se le encontraron dos pequeños sobres con 1,6 gramos de cocaína.
Aunque todo indicaba que la droga era para consumo, el juez Rubén Riquelme dispuso su prisión por tenencia de estupefaciente sin autorización, con una imputación de entre 5 a 15 años de cárcel. El simple paseo judicial de la vedette se convirtió en una escena de la película Expreso de Medianoche.
Es la hipocresía de una Justicia que se muestra implacable con una popular actriz sexagenaria por 1,6 gramos de cocaína, pero no aclaró nunca –por ejemplo– el caso de 225 kilos de cocaína capturada en poder de políticos en Amambay, que luego fueron robados otra vez de la propia Jefatura de Policía en Pedro Juan Caballero, en enero de 2005.
La implacable Justicia que procesa a Moria es la que no consigue juzgar por casos de corrupción a los diputados José María Ibáñez y Víctor Bogado; la que nunca vio a los cientos de planilleros en la UNA o el TSJE hasta que los mostró la prensa; la que mantiene impune los casos de más de 15 periodistas asesinados, incluyendo a Santiago Leguizamón; la que no investigó ni castigó los asesinatos de 115 dirigentes campesinos del Informe Chokokue; la que mantiene impune el caso Argaña, el caso Marzo Paraguayo, el caso Rosa Rodríguez, el de los más de 100 soldaditos muertos en los cuarteles. La que atornilla de por vida en sus cargos a sus ministros de la Corte, la que es catalogada como la institución más corrupta por la ciudadanía. Esa misma.
