Dos publicaciones argentinas (El Cronista y Profundizar) y una web chilena (Portal Portuario) reflejaron el análisis de una experta paraguaya que vive en Argentina, quien es titular de la Consultora BDV Consulting y especialista en temas marítimos, portuarios y logísticos.
La consultora Belén Delvalle menciona en su análisis que para 2030 la cantidad que transportará la flota naviera paraguaya será de 50 millones de toneladas (ahora es de unas 23 millones), lo que refleja una inversión de USD 2.500 millones que realizaron los armadores paraguayos para conformar un conglomerado portuario que hoy alcanza las 50 terminales, 42 de las cuales son privadas, y que, en conjunto, ofrecen servicios a todos los tipos de carga, según menciona.
Estos datos fueron corroborados por Juan Carlos Muñoz, ex presidente del Centro de Armadores Fluviales y Maritimos (Cafym), mencionando que son proyecciones realizadas por autoridades brasileñas, paraguayas y argentinas del ramo.
Las publicaciones que se hicieron eco del análisis de Delvalle mencionaron que el pasado 16 del corriente se celebró el Día Internacional de la Logística y recordaron que la flota fluvial paraguaya es la tercera más grande del mundo, por detrás de EEUU y China, y que es operada por 25 empresas navieras de capital extranjero o mixto y 8 empresas de capital totalmente paraguayo.
“Los números saltan a la vista: Paraguay pasó de transportar 700.000 toneladas a fines de la década del 80 a 23 millones de toneladas actualmente. Para ello, cuenta con una flota de más de 3.000 embarcaciones y aproximadamente 400 remolcadores que sirven a Paraguay y a toda la región, empezando en Corumbá (Brasil) y termina en los puertos del canal Tamengo, en Bolivia, hasta el Río de la Plata, en Argentina. Esto genera empleos para un poco más de 5.000 personas de manera directa y unos 25.000 de forma indirecta”, expresa Delvalle, quien también preside la Fundación Valentía.
En cuanto al marco regulatorio, la consultora citada indica que un hito fundamental fue la sanción de la Ley 419/1994, que estableció las condiciones y requisitos para el funcionamiento de los puertos privados. La tierra es privada, la infraestructura también y según el tipo de movimiento que tiene la terminal, el Poder Ejecutivo establece los controles necesarios a través de Aduanas y la Prefectura General Naval, de acuerdo con la experta en el ámbito fluvial.
