Con gran detalle, el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) reportaba sobre lavado de dinero, el narcotráfico, contrabando y el terrorismo que se llevan a cabo dentro de nuestras fronteras, con toda impunidad. Dicho informe vinculaba además al ex presidente Horacio Cartes, calificado como jefe de una red de contrabando. Sin embargo, y pese a la contundencia de la información, la Fiscalía General del Estado mantuvo estancadas las causas que vinculaban a Cartes, tanto las de lavado de dinero como la que relaciona a Tabesa con el avión iraní de mayo de 2022.
No obstante, dentro de la misma institución que ignoraba pruebas irrefutables en contra del poderoso ex presidente de la República, una fiscala imputó por supuesto hurto a una persona por haberse llevado dos champús y un desodorante de un local comercial, que en total tenían un costo de 120.000 guaraníes, lo que lo convertía en un hecho bagatelario. Un poco antes de eso, un adolescente había sido detenido tras robar mandarinas y limones de la vivienda del, en aquel entonces senador, Mario Abdo Benítez.
Todos los indicios apuntan a que desde el Ministerio Público las imputaciones en realidad se utilizan como si fueran un garrote punitivo, pero que tan solo es aplicable a los más desfavorecidos. A lo largo de los años se han ido acumulando los casos de políticos y funcionarios que ganaron impunidad ante la esquiva mirada de la fiscalía. Tales son los casos del diputado cartista Erico Galeano, involucrado en la venta de una vivienda a una persona vinculada en el Operativo A Ultranza. El Ministerio Público recibió un informe sobre 12 cuentas bancarias que el legislador omitió en su declaración jurada y ni siquiera nombraron un fiscal. Tampoco fue imputado el intendente de Asunción Óscar Rodríguez, denunciado en octubre del 2021 por sobrefacturación, tras haber autorizado la compra de toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600 y detergentes desinfectantes a G. 393.800 cada uno y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650 en plena grave crisis de la pandemia.
El Ministerio Público tiene el mandato constitucional de representar a la sociedad y velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; así como también promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social. En varios casos de presunta corrupción pública nada de esto ha cumplido la institución, razón por la cual han quedado impunes. Precisamente por esta razón, miembros de la sociedad civil se reunieron con el próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien asumirá el cargo en el mes de marzo, para expresarle la preocupación por la falta de transparencia en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Le ha sido planteado además la necesidad de que la ciudadanía ejerza mayor control sobre los expedientes de corrupción pública que siguen dilatándose ya sea por las dilaciones o por la falta de presión ciudadana.
La Fiscalía debe dejar de mostrar parcialidad hacia ciertos sectores de poder, a quienes concede impunidad, en contra de lo que establece su propia ley orgánica que dice que esta debe procurar que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes; así como que la sociedad debe conocer las penas impuestas y que estas sean un medio eficaz para la protección de los bienes jurídicos para la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.
El Paraguay necesita instituciones que impartan justicia, de manera imparcial, objetiva e independiente. El Ministerio Público debe recuperar la credibilidad perdida frente a la sociedad paraguaya.
