El contrato de intención de compra de ese antígeno ya estaba bajo una investigación abierta por la Contraloría General de Brasil en el ámbito administrativo, lo cual llevó al Gobierno a “suspender” todas las tratativas con la farmacéutica india Bharat Biotech.
Sin embargo, la representante de la Fiscalía General en Brasilia, Luciana Loureiro, decidió este martes ampliar la investigación a la esfera penal por las diversas sospechas en torno a ese negocio, que pudiera implicar el delito de “falta de probidad administrativa” y una “operación temeraria” por parte del Ministerio de Salud.
Entre otros puntos sospechosos, en la negociación se acordó que una firma con sede en Singapur debería recibir parte del pago aunque no figuraba en el contrato.
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Además, en las tratativas participó como “intermediario” un empresario brasileño investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya “vendió” al Gobierno medicamentos que jamás entregó.
Sobre ese negocio, el jefe de importaciones del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, denunció ante una comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia que fue objeto de “presiones atípicas” para aprobar y acelerar la compra de esas vacunas, que negó debido a esas irregularidades en el contrato.
El funcionario es hermano del diputado oficialista Luis Miranda, quien a su vez afirmó que, en marzo pasado, días después de la firma del contrato de intención de compra, le informó personalmente sobre el asunto al propio presidente Bolsonaro.
Según el legislador, el mandatario admitió que era “grave”, pero dijo que se trataba de “un rollo” del diputado Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara Baja y que ahora deberá declarar ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia.
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El lunes, frente a la posible “omisión” de Jair Bolsonaro con ese asunto, un grupo de senadores pidió al Supremo que se investigue la conducta del mandatario, bajo la presunción de que pudo haber incurrido en prevaricación y otros delitos.
A esas sospechas se añadió una denuncia de un empresario, que acusó al director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias, destituido este miércoles, de exigir comisiones para tramitar ofertas de vacunas contra el Covid-19, que en Brasil ya ha matado a más de 515.000 personas.
