Lo que estamos viviendo en el Paraguay en estos últimos días, por no decir desde hace varios años, pareciera ser como una especie de cambio en la entropía estatal paraguaya, de manera a viajar hacia atrás en el tiempo y volver a las prácticas nefastas del stronismo, como la persecución a medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil que cuestionan e incomodan al poder político y sus abusos.
El vegonzoso proceso judicial al Centro Cultural La Chispa, impulsado por el Ministerio Público y la Municipalidad de Asunción, con la complicidad discursiva de nefastos terroristas mediáticos, revelan el nivel de intolerancia de los agentes conservadores del poder hacia la diversidad cultural y social, tal como lo hizo el stronismo durante todo su periodo.
El propio voto en disidencia de Yolanda Portillo, la única jueza con sentido común, explica con amplio detalle jurídico por qué la condena a 9 meses de prisión para Sebastián Coronel, gestor del citado centro, es una aberración jurídica.
Este mismo criterio de “cuidado del ambiente sonoro” jamás es aplicado cuando se dan las ruidosas campañas políticas con música o jingles de campaña a todo volumen, como cuando en el stronismo las seccionales coloradas te taladraban todo el día el oído, impunemente, como la voz del “Gran Hermano” de George Orwell, en su libro 1984.
Otro hecho significativo y bochornoso fue el masivo cierre de los locales de Biggie, clara medida política de persecución contra el Grupo Zucolillo por sus críticas e investigaciones a Santiago Peña. La medida recordó los años en que Alfredo Stroessner mandó cerrar el diario ABC Color y radio Ñandutí, pero la hilarante frutilla que la puso Sara Irún, titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), al reconocer que “mal interpretó” la resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) cuando dijo que todos los locales debían cerrarse.
La línea política del cartismo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la misma del stronismo, la línea de la intolerancia, y esto ha quedado claro desde un principio, pero acentuado en ciertos momentos, como lo fue la expulsión de Kattya González, con una excusa que ni la Fiscalía pudo sostener luego.
En sentido contrario, los aliados han sido mimados y protegidos con mucho celo, pese a haber caído en escándalos graves, como el caso del senador Erico Galeano y su presunta complicidad con narcotraficantes investigados por el Operativo A Ultranza. La impunidad que goza Galeano lo llevaron a ser nombrado “hijo dilecto” de Areguá, en otro capítulo del Paraguay del revés, o en alguna feria de “narcofrutilla”.
Otro caso más reciente de impunidad y blanqueo se da con la senadora liberocartista Noelia Cabrera, quien pese a sus evidentes abusos, al colocar como planilleros con sueldos millonarios a sus “neposobrinos”, y hasta ubicó a un socio comercial del estudio jurídico de ella y su pareja.
También en la semana, el informe del Departamento de Estado norteamericano vino a confirmar lo que se planteó desde un principio sobre la famosa comisión garrote y la posterior “Ley Garrote”, al señalarlas como medidas que atentan contra la libertad de expresión, de prensa y de organización.
Aclaro a HC que Stroessner no me quitó la novia, pero sí le robó la vida a miles de paraguayas y paraguayos que soñaron con un país libre, y una vida digna para todos, para que no sea solamente un grupo de privilegiados los que “estén mejor”.
