Un informe recientemente lanzado en Paraguay tiene entre sus principales conclusiones el desempeño del Gobierno en el ámbito de “integridad”, haciendo referencia a la corrupción y sus efectos negativos en la libertad económica. Otro informe regional da cuenta de las percepciones ciudadanas sobre la corrupción y confianza en las instituciones públicas. Ambos documentos permiten construir un escenario poco favorable para el desarrollo y la democracia en nuestro país.
Entre los aspectos preocupantes se cita que, si bien el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional, esto no armoniza con el contexto histórico actual, dada la falta de certidumbre sobre derechos y registros de propiedad correctamente manejados, lo que representa un gran obstáculo a la adquisición de títulos de propiedad de inmuebles y que a su vez genera incertidumbre jurídica elevada sobre la propiedad privada.
El informe proporciona un caso particular, pero ejemplar. Durante el periodo de análisis, señala que existió una significativa descoordinación entre la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial y el Servicio Nacional de Catastro del Poder Ejecutivo, donde si bien se publicitaron ampliamente los trabajos de fortalecimiento de ambas instituciones, en la práctica se observaron largas demoras y numerosos obstáculos para las transferencias de la propiedad inmobiliaria.
Todo ello fue fuente importante para la corrupción, materializada en la persistencia de gestores que ofrecen soluciones a los mismos problemas creados por el sistema.
En cuanto a un segundo componente del primer informe relativo a la “efectividad judicial”, hace hincapié en la urgencia de contar con marcos jurídicos que funcionen adecuadamente para proteger los derechos ciudadanos contra actos ilícitos de otros, incluidos gobiernos y partes privadas poderosas. El análisis realizado cuestiona la vulnerabilidad que tienen el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados frente a los intereses políticos.
Estas conclusiones realizadas a partir del análisis de algunas instituciones y procesos son confirmadas por la percepción ciudadana sobre la corrupción. Otro informe publicado anualmente señala que Paraguay es el país en la región en donde la ciudadanía opina que la corrupción es uno de los problemas más graves, solo después del problema económico que ya sabemos que es acuciante.
Paraguay está entre los tres países donde la percepción es cercana a “totalmente corrupto”, lejos de Uruguay o El Salvador, países donde la población señala que la corrupción está en el medio de la escala entre “nada” corrupto y “totalmente” corrupto. Además, está entre los 3 países en que las personas señalaron haber conocido un acto de corrupción en los últimos 12 meses.
La corrupción no es solo un problema económico por los costos financieros y los costos de oportunidades (por ejemplo, lo que se deja de invertir en salud, educación, infraestructura, etc.) que trae consigo y que tiene impacto directo en el bienestar. También es un problema político, ya que genera desconfianza en las instituciones y en la democracia, haciendo que las sociedades se vuelvan más conflictivas y se erosione la cohesión social. El informe Latinobarómetro 2024 señala que Paraguay se encuentra entre los países con menor confianza en las instituciones públicas como la Policía, las Fuerzas Armadas, Gobierno, Poder Judicial, Poder Legislativo, siempre por debajo del promedio latinoamericano.
Estos hallazgos muestran los riesgos que tienen la corrupción y sus efectos directos en muchas variables, lo que finalmente tienden a ser inviables los objetivos de construir una sociedad basada en valores democráticos y la transición hacia mayores niveles de desarrollo.
