Debemos precisar un análisis metodológico en vista a la jerarquía que se asume con relación al Convenio de Budapest, pues, nuestro país lo integra en calidad de marco internacional para confrontar a los hechos punibles relacionados con la “ciberdelincuencia” y, por tanto, surge la interacción (necesaria) para la obtención eficaz de aquellas pruebas electrónicas. Entonces, podemos distinguir tres dimensiones concretas que se potencian a raíz de la nomenclatura jurídica, lo que se transmite bajo la definición de conductas punibles, así también, bajo la interacción con aquellas nuevas “herramientas” de carácter “procesal” para la recolección de datos, y fundamentalmente, a los efectos de una cooperación activa entre Estados.
Es por tanto que, la disposición internacional se centra en crear respuestas (contemporáneas) y efectivas para mitigar los injustos, cuya “ejecución”, “efectos” y “evidencias” pueden ser advertidos en diferentes países, en razón al carácter transfronterizo; es decir, los alcances superan toda limitación de una acción exclusivamente nacional. Así, dentro del vértice penal, la motivación de este Convenio radica en la tipificación del injusto de acceso ilícito a sistemas informáticos, de la interceptación ilegal de comunicaciones, y de los ataques contra la integridad de datos y sistemas (informáticos).
Ante ello, existen (sub) divisiones que contemplan el fraude informático, así como delitos vinculados con los derechos intelectuales, por lo que se busca que las legislaciones nacionales resulten compatibles con las expresiones de índole convencional y reduzcan los obstáculos para investigar hechos que atraviesan fronteras.
En el panorama procesal penal también se involucran aquellos alcances “novedosos”, como la aplicación de los mecanismos de conservación, obtención y aseguramiento de toda la información relevante para un proceso y, conforme a ello, se exhorta a canalizar un registro de acceso o un archivo “digital”, que puede resultar decisivo para esclarecer una incidencia delictiva, tal caso es el de la estafa o el de un hecho de corrupción o una operación de criminalidad organizada.
Así las cosas, el Convenio de Budapest presenta (beneficios) bajo ciertas figuras, como la “adhesión” que dispone de una base jurídica compartida para la cooperación internacional, pues, en su capítulo (tercero) nos refiere sobre aquellos mecanismos generales y específicos que están destinados a facilitar la asistencia entre las partes, lo cual, se perfecciona cuando los datos están almacenados en otro territorio y/o en los casos en los que intervienen proveedores extranjeros. Asimismo, la “adhesión” nos permite integrar el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, conocido (igualmente) como T-CY, a fin de que los Estados intercambien experiencias y/o realicen una evaluación del cumplimiento del tratado.
Por consiguiente, existe una oficina especializada del Consejo de Europa, que fomenta apoyos para la reforma legislativa de los países, así como la incorporación de capacitación a los operadores de justicia y al acompañamiento instructivo en los lineamientos investigativos. Así, los parámetros dimensionan (acciones) para una implementación del Convenio, a partir de los diversos conocimientos técnicos y de los procedimientos adecuados para constituir una ventaja relevante ante los hechos de cibercriminalidad.
Indudablemente, nuestro país (al momento de la ratificatoria) ha asumido el compromiso recíproco de cooperación, bajo salvaguardas para las facultades procesales y, a su vez, considerando la protección de los derechos humanos. Es así que, por Ley N° 5994, el Paraguay aprobó el Convenio y su primer Protocolo Adicional, bajo una notable pertenencia al sistema que ofrece herramientas para mejorar investigaciones, fortalecer vínculos internacionales y proteger derechos fundamentales.
