Estalla la crisis financiera más importante de la historia paraguaya y el líder de la megabanda criminal montada para defraudar al Estado y a casi tres millones de ahorristas resulta ser nada menos que el presidente de la República.
La prensa de todo el mundo pone a Paraguay en los titulares: la economía más pujante de la región sufre algo parecido a un colapso. La conmoción persiste y la rabia empieza a desbordar las calles.
Ante esta catástrofe de credibilidad, el nuevo gobierno no tiene muchas opciones, pero hay una que el sentido común señala como inevitable: la reacción debe ser potente y transparente.
Se debe demostrar a la ciudadanía que existe la vigorosa voluntad de limpiar las instituciones, apresar a los culpables e impedir que se esfume el dinero del pueblo. Hay que dar señales claras para recuperar la confianza de la gente. Es hora de desplegar toda la fuerza investigativa, ordenar allanamientos rápidos y simultáneos, impedir salidas de aviones de los sospechosos y solicitar ayuda internacional.
Pero, cuando investiga a poderosos, Emiliano maneja un elástico sentido de la urgencia. Resulta inexplicable que, hace trece meses, haya recibido por parte de un grupo de legisladores opositores una denuncia contra Santiago Peña —por su estrafalario aumento patrimonial de 1.600%, por lavado de dinero, por sus vínculos con ueno bank y por el origen del dinero para su mansión— y que no haya hecho nada. ¡Cajoneó la denuncia más de un año! Si hubiera movido un dedo, quizás se habría podido evitar tanto dolor.
Ese mismo tiempo tardó en tomarle declaración a la ex funcionaria Luz Candado en el caso de los sobres en Mburuvicha Róga.
La excusa de Emiliano fue que “no le llevaron las pruebas”. Esperaba, por lo visto, que le sirvieran la evidencia en bandeja, como si el Ministerio Público fuera un mero espectador.
Tuvo la oportunidad de redimirse cuando se conoció el escándalo, pero subestimó su envergadura. Asignó inicialmente solo cuatro agentes fiscales para una causa de dimensiones monstruosas. ¡Cuatro fiscales para investigar un fraude de 850 millones de dólares en fondos públicos y casi tres millones de cuentas congeladas!
La timidez de las actuaciones se revela en dos hechos recientes. Un juez corrigió el pedido de arresto domiciliario de directivos de ueno solicitado por la Fiscalía, ordenando que vayan presos. Y, en otro caso, un Tribunal de Apelación amplió sustancialmente las calificaciones jurídicas que el Ministerio Público había sostenido en su imputación original.
Emiliano dejó que el ya detenido ex presidente siguiera usando su teléfono durante cerca de 48 horas; tardó cuatro días insólitos en allanar la sede central del banco y recién anteayer se le ocurrió revisar Mburuvicha Róga.
La casa de San Bernardino fue allanada solo dos días después del arresto, dando tiempo a que los cercanos al guapito facineroso se llevaran lo que quisieran. A propósito, todavía no ha ordenado medidas contra el entorno más cercano de Santiago Peña. Además, pese a las abrumadoras evidencias de que era el jefe de una enorme organización delictiva, tardó en imputarlo a Peña por presunto hecho punible de asociación criminal, y señalarlo como “jefe de una estructura”.
Con esa lentitud, no tiene nada de raro que estos delincuentes —con mucho conocimiento del circuito financiero y el solapamiento de la plata negra— hayan trasladado y evaporado el dinero del pueblo. Una acción más ágil hubiera evitado que, ya sea por medios informáticos o físicos —se han reportado vuelos al exterior de aviones pertenecientes al grupo— se realizara una alegre quema de archivos.
El tiempo no juega a favor de la verdad. Cada día que pasa sin una investigación exhaustiva y libre de sospechas de complacencia, se pierden pruebas y se consolida la sensación de impunidad.
No se trata solo de inutilidad: la omisión sostenida en el tiempo, cuando el beneficiario es el poder político, se llama complicidad. Emiliano Rolón debe irse; no da la talla para un caso en el que la credibilidad es innegociable. El Congreso debe actuar. No advertirlo puede costarle muy caro a la ANR, porque el pueblo paraguayo ya pagó el precio.
