La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este realizó un análisis de la ejecución de lo recaudado correspondiente al impuesto inmobiliario, año 2020. Acusa a la actual administración municipal de incurrir en los mismos vicios de la anterior gestión municipal a cargo de la destituida intendenta Sandra McLeod de Zacarías.
Los detalles del trabajo realizado por auditores de la organización no gubernamental, cuya coordinación actualmente está a cargo del licenciado Julio López, fueron presentados ayer durante una conferencia de prensa. Copia del documento será remitido al intendente municipal, Miguel Prieto Vallejos, y a la Junta Municipal. El documento señala que del análisis sobre el nivel de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 179 de la ley número 5513/15, se observa que de los G. 15.381.663.921, que debieron aplicarse a gastos de capital, solo se aplicaron G. 7.708.144.276, que representa el 50,11%, y el monto que habría sido asignado a otros gastos suman G. 7.673.519.645, que representa el 49,89%.
“La inobservancia y apartamiento de lo previsto en el artículo 179 de la Ley 5513/15, configura incumplimiento de la ley (Artículo 51 inciso “e” de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal), que implica mal desempeño de funciones (Artículo 2° Numeral 1. Literal “b” de la Ley 317/94)”, refiere parte del informe.
AGRAVANTE. Agrega como otro agravante de la conducta violatoria del intendente, de expresas disposiciones legales exigidas para la distribución y administración de lo recaudado en impuestos inmobiliarios, “reviste las características de una ilicitud penal conocida como malversación”. Explican que esta figura consiste en la acción de usar indebidamente dinero o bienes ajenos o del Estado, en cosas diferentes a los que iba destinado, “provocando un perjuicio patrimonial; tipificada en el artículo 192 del Código Penal como lesión de confianza”.
Según el documento, esta situación amerita la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público. “Cabe mencionar que las mismas prácticas se dieron durante la administración de Sandra McLeod de Zacarías, y fue una de las causales para la intervención de su administración”.
“En el marco de nuestro rol contralor, venimos realizando análisis y controles sobre la gestión de nuestras instituciones públicas, en este caso, nos hemos enfocado en el rubro del impuesto inmobiliario, su recaudación e ingresos relacionados, así como el uso de estos recursos, conforme a la ley”, señala el licenciado López.
“Esto lo hacemos a puro pulmón, con mucho esfuerzo, pero el hecho de presentar este informe creemos que es un logro importante, como contraloría ciudadana y esto es el inicio. Vamos a ver la forma de articular esto para que llegue a la instancia que corresponda y si corresponde eventualmente abrir una investigación, que estas instituciones obren en consecuencia”, agrega. Insistió en que se detectaron vicios similares a los cometidos durante la gestión de los Zacarías, que derivó en una intervención. “Teníamos la esperanza de que eso formaría parte de la página negra de la historia de nuestra ciudad, pero hay personas que no terminan de sorprendernos con su manera de actuar. La sociedad está enferma, nuestras instituciones están contaminadas”.
