En un escrito de 17 páginas, González, patrocinada por los abogados Roberto González y Carlos Mendonça, atacan la Resolución 431 del 14 de febrero pasado, que resolvió su pérdida de investidura parlamentaria por el periodo 2023/2028.
“La decisión irregular, los actos tomados en contra del orden jurídico son nulos y esa declaración se va a realizar por la vía, que es la inconstitucionalidad. Kattya tiene que recuperar su banca”, explicó Roberto González, que presentó el escrito en tribunales.
El abogado señaló que ponen énfasis no solamente en la violación del reglamento de la Cámara Alta, sino “en la afectación grosera de las garantías elementales, empezando por el hecho de que a ella ni siquiera se le notificó cuál era la acusación”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema está integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos.
LA ACCIÓN. El pedido cita fallos anteriores de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como precedentes.
Así, tras mencionar la resolución impugnada, señala que esta puede ser revisada por la Corte. Cita opiniones de la ex ministra Miryam Peña y el actual ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Ambos apuntan que lo que hace la Corte es el control formal. “Entonces, los derechos a la defensa y al debido proceso son absolutamente inviolables; al ser así, toda demanda que se formule con la denuncia de cualquier infracción de los derechos, debe encontrar andamiaje en el sistema jurisdiccional”, refiere.
La acción equipara la resolución del Senado a una resolución judicial, por ser una sanción, con lo que debe ser anulada y no declararse inaplicable. “La decisión es nula y no inaplicable. En mi concepto, ello es así, porque atendiendo a la naturaleza de la resolución cuestionada, esta no constituye un “acto normativo”, dicen.
Luego, remarca que la resolución viola los artículos 1, 3, 16, 17, 185, 190, 248, 259 y 260 de la Ley Fundamental.
Después, hace un pormenorizado relato de lo ocurrido. Desde la petición de pérdida de investidura del 13 de febrero, la primera convocatoria a extraordinaria hecha por el presidente de la Comisión Permanente, la segunda, hecha por el titular del Congreso, Silvio Ovelar.
También la falta de aplicación del reglamento interno, que prescribía el traslado por siete días al senador, y luego, la convocatoria dentro de los diez días hábiles para la sesión extraordinaria.
Además, que se sesionó sin que se le dé el tiempo para preparar su defensa, que se dejó de lado el Reglamento Interno, pese a que se señaló que seguía vigente, y que se dieron solo 23 votos, cuando debían ser 30 conforme con la normativa del Senado.
La acción desgrana paso a paso las violaciones que se dieron. Se vulneró el Estado de derecho, ya que “los actos de las autoridades públicas deben estar encuadrados dentro del marco legal”.
Se violaron los artículos 16 de defensa en juicio y 17 de los derechos procesales, ya que no le notificaron. Es más, cita que el pedido ya circuló por los medios periodísticos.
Habla de la violación de su propio reglamento, a más de que se invadió la prerrogativa de la Corte de declarar inconstitucional las leyes. Finalmente, concluye que todo lo actuado era nulo.
González pide como medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución, al ser equiparables a fallos judiciales. Esto, mientras se estudia el fondo de la cuestión.
Máximo organismo judicial admitiría la cuestión de fondo
Ayer trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiría la cuestión de fondo, no así la medida cautelar, presentada por la ex senadora Kattya González, en contra de su expulsión de la Cámara de Senadores.
La Sala Constitucional está integrada por los ministros doctores Gustavo Santander Dans, César Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda.
Las funciones de la Sala Constitucional, según la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, son: “Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; y, Decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución”.
Ayer el abogado y hermano de la ex legisladora Roberto González al ser consultado sobre si la Sala Constitucional se animará a dar una solución inmediata, mencionó que “esta Corte renovada ha dado muestras de querer cuidar el valor jurídico, independencia del Poder Judicial, así como la seguridad jurídica”.
Precisamente, según el abogado constitucionalista y ex senador colorado Hugo Estigarribia, advirtió que dos ministros de la Corte Suprema que integran la Sala Constitucional estarían en la mira del cartismo.
Estigarribia indicó que tras la destitución de Kattya González del Senado, perpetrada por legisladores cartistas y sus aliados la semana pasada, la topadora cartista apunta ahora sus dardos hacia la Corte.
Se trata de Víctor Ríos y Gustavo Santander.
Estigarribia alertó que estos ministros son considerados como independientes, por lo que se cree que el cartismo busca poner en su lugar a ministros a su medida, ofreciendo el oro y el moro a legisladores para conseguir sus intereses. El plan del cartismo sería impulsar un juicio político contra dichos representantes del máximo organismo judicial.
