El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, había presentado una nota a la Corte en la que pedía varias cosas, justamente tras la petición de la ex senadora, junto con abogados y legisladores. En ella, se solicitaba los resultados de las auditorías, la suspensión de los plazos procesales, así como la suspensión de los embargos a las víctimas, y hasta una auditoría a todos los juzgados de Paz del país.
El reclamo es que la Corte, hasta ahora, no implementó medidas para evitar que continúen estos descuentos compulsivos, por juicios realizados en forma irregular.
Urgimiento. Además, la ex senadora presentó también su octavo urgimiento en la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la resolución del 14 de febrero de 2024, que dispuso su pérdida de investidura parlamentaria.
El caso pasará la próxima semana al camarista Guillermo Zillich, para una consulta de integración. Falta un miembro en la Corte.
