La fecha de ayer, 12 de octubre, es una fecha de significado excepcional para todos los pueblos indígenas en América Latina. Durante muchos años, en Paraguay fue celebrada como el Día de la Raza, pero su acepción ha ido cambiando para referirse a la diversidad cultural o a la resistencia indígena. Independiente del nombre que, aparentemente no fue cambiado de manera oficial en el país, la fecha permite confrontar la realidad de las comunidades indígenas que siguen afectadas por mecanismos de opresión, violencia y despojo territorial. El reflejo más reciente fue la tragedia en la comunidad Tekoha Y’apo, del pueblo Ava Guaraní, en el Departamento de Canindeyú.
En agosto de este año, lo que debía ser un festejo por el Día del Niño en Y’apo terminó en una pesadilla de violencia y luto. Un violento procedimiento ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) irrumpió en la comunidad. El resultado fue devastador: el asesinato del líder Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa. Ante el hecho, existen narrativas contrapuestas. Mientras la Senad ratifica la versión de que las víctimas formaban parte de estructuras criminales, los familiares y las organizaciones civiles sostienen que se trató de una ejecución extrajudicial.
Ante la gravedad del caso, defensores de derechos humanos han presentado una acción incidental de denuncia urgente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un recurso formal y plenamente válido que activa mecanismos internacionales de alerta rápida. El Estado paraguayo queda obligado a responder los requerimientos internacionales, ante la apertura de un expediente de monitoreo global para dictar medidas urgentes de protección y evitar daños irreparables a las familias sobrevivientes.
Si bien el Ministerio Público conformó un equipo especial de investigación, los avances reales –a dos meses del hecho– permanecen estancados, sin imputaciones firmes a los agentes involucrados y manteniendo en la impunidad el uso desproporcionado de la fuerza estatal. Además, integrantes de la comunidad sostienen que el operativo se produjo en un contexto de disputas por el territorio indígena. En efecto, en 2014 la comunidad Y’apo ya había sufrido atropellos y violencia de grupos parapoliciales, en el marco de intentos de despojos de sus tierras ancestrales por parte de personas ligadas al agronegocio. En 2021 habían alertado sobre la misma situación.
Los conflictos por la tierra se registran en buena parte del territorio paraguayo. Las propias estadísticas del IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2022 evidencian que “la apropiación indebida de su tierra por parte de agroempresarios o ganaderos” afecta a un total de 40 comunidades, de 11 de los 19 pueblos indígenas.
Vincular el caso de Y’apo con el 12 de octubre se vuelve imperativo. La fecha obliga a una mirada crítica de cinco siglos de historia: la conquista violenta del siglo XV mutó, en pleno siglo XXI, a un despojo sistemático respaldado por la omisión o el atropello de instituciones estatales. Frente a la asimetría entre los actores, resultan clave la legislación de protección de derechos indígenas, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la voluntad política para transformar leyes en garantías reales de justicia. El monitoreo internacional y el apoyo ciudadano son instrumentos indispensables para romper el círculo de la impunidad y garantizar la justicia para los pueblos indígenas en Paraguay.
