11 may. 2026

Justicia brasileña investiga a Transparencia Internacional

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José Antonio Dias Toffoli

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó instaurar este lunes una investigación sobre la actividad de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el país, para aclarar una “eventual apropiación indebida de recursos públicos”, algo que esa entidad ha rechazado con firmeza.

La decisión fue tomada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli bajo la presunción de que Transparencia Internacional pudo haber recibido dinero recuperado por la operación anticorrupción Lava Jato.

La investigación estará centrada en el capítulo brasileño de la ONG, fundada en 1993, que tiene su sede principal en Berlín y sus actividades están volcadas a la investigación y denuncia de asuntos de corrupción.

Según Dias Toffoli, existen indicios de que en un acuerdo de lenidad firmado por la empresa J&F en el marco de la operación Lava Jato, los fiscales de esa operación acordaron que el capítulo brasileño de Transparencia Internacional administraría parte del dinero obtenido con las sanciones pecuniarias aplicadas a la empresa.

De acuerdo con el juez, ese dinero sería entregado a través de una “fundación” que los fiscales pretendían constituir para gestionar el dinero recuperado de la corrupción y en la que tendría algún grado de participación esa organización no gubernamental.

Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de esa “fundación”, suspendió los trámites para su creación y determinó que el dinero de la corrupción fuera depositado en las cuentas del Tesoro Nacional.

Tras conocerse la decisión de Dias Toffoli, el capítulo brasileño de Transparencia Internacional rechazó las sospechas a través de una nota, la cual afirmó que “jamás recibió o recibiría, directa o indirectamente algún recurso” originado en acuerdos de cooperación con la Justicia.

La ONG aclara que sí estableció acuerdos “formales y públicos” con las autoridades para la realización de “un estudio técnico con principios, directrices y mejores prácticas” para “la destinación de recursos compensatorios en casos de corrupción”. EFE

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