Con respecto al tercer magistrado, tuvo graves irregularidades procesales en dos juicios, por lo que también fue suspendido sin goce de sueldo por el pleno del Máximo Tribunal de la República.
En el primer caso, la jueza de Ejecución del segundo turno de Itapúa, Laura María Benítez Núñez, en mayo pasado, concedió prisión domiciliaria en un inmueble de ese departamento, al narcotraficante condenado a 24 años de cárcel, Erwin Jorge Solalinde Krauss, quien lleva 4 años de cumplir su condena.
Paralelamente, el 7 de junio pasado, la jueza Penal de la Adolescencia de J. Augusto Saldívar e interina del Juzgado Penal de Garantías, María Nunila González de Ronzewski, le dio el arresto domiciliario a Solalinde Krauss, quien tiene un proceso por homicidio doloso en Central. En el caso también están otros dos procesados. El arresto fue concedido en un inmueble de Villa Elisa, en el Departamento Central.
A esto se suma que el narcotraficante Erwin Jorge Solalinde Krauss, también es investigado por la supuesta falsificación de la firma de la jueza de Ejecución de Asunción, Sandra Kirchoffer, para conseguir 1000 días de redención; es decir, que le quiten esos días de su condena.
Ante las publicaciones periodísticas, el 17 de junio, la jueza Benítez Núñez, revocó la prisión domiciliaria al narco. Alegó que no tuvo a la vista los antecedentes a la hora de resolver la cuestión.
El pleno de la Corte Suprema dispuso la suspensión de las dos juezas, sin goce de sueldo, además del sumario administrativo para cada una de ellas, a más de la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento, que ahora deberá estudiar los antecedentes de las dos magistradas.
JUEZ CIVIL. Por su parte, el pleno también suspendió sin goce de salario al juez en lo Civil y Comercial de Yuty, en Caazapá, Miguel Ángel Riquelme, a más de instruir un sumario para esclarecer las presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también remitió el caso al JEM, que estudiará también sus antecedentes.
Una auditoría de gestión jurisdiccional constató las presuntas irregularidades procesales del juez en dos casos: Un juicio de interdicto de recobrar la posesión, donde tuvo 5 irregularidades, y otro caso de usucapión, donde hallaron 1o irregularidades.
Según el ministro Manuel Ramírez Candia, en el interdicto, concedió una aclaratoria luego de 2 años de notificarse la sentencia, donde extiende los efectos del fallo a terceras personas. En el usucapión, hizo lugar a la demanda de una asociación que fue constituida dos años antes del juicio, cuando que se necesitan 20 años de posesión.
El pleno de la Corte también instruyó un sumario administrativo al abogado Derlis Martín Escudero, a fin de esclarecer los hechos mencionados en el informe elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con respecto al caso del juez de Yuty, Miguel Ángel Riquelme. En su caso, el abogado primero promovió el interdicto de recobrar la posesión. Es decir, sus representados querían recuperar la posesión del inmueble en cuestión. Sin embargo, luego realiza la demanda de usucapión ante el mismo juez contra el poseedor a favor de la asociación que fue constituida dos años antes, cuando que para el usucapión se necesitan 20 años en el lugar.
