La Junta Departamental de Amambay en una sesión ordinaria realizada este martes emitió una resolución de rechazo al proyecto de ley que declara el estado de excepción en la zona, presentado por el senador Blas Llano.
El documento emitido por el órgano departamental sugiere al legislador liberal instar a las autoridades encargadas de impartir justicia y realizar los controles de entrada de extranjeros al país.
Además, la resolución pide a la Policía Nacional, a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Fiscalía, Juzgado, Migraciones, que realicen sus trabajos continuamente como corresponde, de acuerdo a sus atribuciones, para que no sea violada la soberanía nacional, informó el periodista de Última Hora Marciano Candia.
Según el escrito de la Junta, el proyecto de ley “atenta contra la libertad de toda población trabajadora” del Departamento de Amambay, principalmente a los pequeños, medianos y grandes empresarios, así como a los estudiantes universitarios extranjeros que residen en la ciudad de Pedro Juan Caballero y en otros municipios.
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La Junta Departamental afirma que la reacción y preocupación de la ciudadanía local y el registro de movimientos comerciales de entrada y salida de personas, turistas, visitantes, y estudiantes extranjeros, podrían ser atropellados en sus derechos como personas de bien al aprobarse el estado de excepción en el departamento.
“No existen las condiciones exigidas por la Constitución Nacional para declarar en estado de excepción al Departamento de Amambay, pues debe existir conmoción social, la que no está dada en este departamento”, señala parte del documento.
Se menciona además que como autoridades del Departamento de Amambay tienen el deber cívico y moral de apoyar a los ciudadanos de bien que residen en esa zona de frontera y en los demás municipios que “esforzada y honrosamente laburan para obtener su pan de cada día”.
Proyecto pide declarar estado de excepción por 60 días
El senador liberal Blas Llano presentó un proyecto que declara estado de excepción en Amambay por 60 días. En su exposición de motivos, sostiene que el narcotráfico va permeando en todos los niveles de la organización institucional.
Considera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe arbitrar de inmediato todos los mecanismos administrativos, legales y constitucionales a su alcance para disponer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se aboquen al establecimiento del estado de derecho en Amambay.
Refiere que los ministerios del Interior, Defensa Nacional, Hacienda y las demás reparticiones públicas están obligadas a prestar su concurso.
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Sostiene que las personas detenidas durante la vigencia del Estado de Excepción, y estén sometidas a procesos de investigación fiscal pendiente, no podrán acogerse al beneficio establecido en el párrafo 6 del artículo 288 de la Constitución Nacional. En el mismo se establece que en todos los casos, las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país.
El pedido de declarar estado de excepción se realizó tras los varios casos de sicariato ocurridos en el Departamento de Amambay. El caso que conmocionó a la ciudadanía fue el cuádruple homicidio en el cual fallecieron Haylee Carolina Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, Kaline Reinoso de Oliveira (22); Rhannye Jamilly Borges de Oliveira (19); y Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto (31).
