Con una singular y polémica resolución del 13 de junio pasado, para hacer justicia en una controversia sobre un inmueble, la jueza de Paz de San Roque, Asunción, Zoraida Olguín Moreira, recurrió a la lógica salomónica y ordenó la construcción de una muralla en la casa que la denunciante pretende, además de algunos familiares, los que fueron denunciados por violencia doméstica.
De esa manera, la jueza pretende dividir la residencia en partes iguales, por un lado la denunciante, por el otro los denunciados.
La vivienda está ubicada sobre la calle Juan Zorrilla de San Martín, del barrio San Vicente de Asunción.
El caso data del 6 de noviembre del 2018, cuando la denunciante M.J.B.V. denunció ante la comisaría jurisdiccional, en este caso la 18ª Metropolitana, a cuatro de sus parientes, a saber: su hermano M.E.B.V. y sus hijos, por supuesta violencia doméstica.
La jueza en cuestión tomó intervención el mismo día de la denuncia y ordenó la exclusión de hogar de los cuatro denunciados.
En su resolución, la magistrada también ordenó la prohibición de los denunciados a acercarse a la víctima en un radio de 500 metros, ya sea en su lugar de trabajo o donde represente peligro contra su integridad.
Sin embargo, el abogado de los denunciados, Fernando Espínola, manifestó que la denunciante, que es una escribana, quiso ingresar a la fuerza al inmueble, donde vive el hermano desde hace años, que fue de los padres de ambos y actualmente se encuentra en sucesión.
Espínola alegó que la denunciante quiso tomar posesión del inmueble por medio de la fuerza, pero que nunca fue violentada físicamente por su hermano, quien inclusive pidió llevar el caso de manera legal.
“Mi cliente hace años que vive en el lugar, se está realizando el litigio sucesorio y corresponde 50 por ciento a cada persona”, dijo Espínola.
El abogado mencionó que el inmueble no es tan grande, es normal, de unos 12 metros de frente y 30 de fondo, pero acusó a la denunciante de tener la intención de quedarse con la propiedad.
