Según dijo la magistrada Vivian López en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM este viernes, cualquier persona puede recurrir a su Municipalidad, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o a la Policía Nacional.
Citó que la Ley 6245/18, que establece el Régimen de Subastas de Vehículos Abandonados, contempla que ante estas instituciones se puede reportar el abandono de un auto en la vía pública, frente a una vivienda u otro lugar.
Indicó que ese es el proceso a seguir para que las entidades “puedan hacer los pedidos al juez de primera instancia que esté de turno”.
Bajo ese mismo procedimiento fue que López hizo lugar al pedido de la Policía, de autorizar la destrucción de miles de vehículos, al declarar en estado de abandono a 9.516 autos y motos que están en predios policiales o frente a comisarías del país.
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En su análisis, entendió que era “urgentemente necesario” anteponer la salud pública de toda la población antes que cualquier tecnicismo.
Al respecto, la magistrada mencionó que se trata de rodados que “son de causas prescriptas, que ya se han extinguido, de la época de los juzgados criminales que ya ni existen”. En otros términos, enfatizó que hay vehículos muy viejos, y que ninguno es un modelo nuevo. Detalló que de la cantidad total, unas 5.000 son motocicletas.
Expuso que a partir de ahora, estos “están en manos” de la Policía Nacional, que debe asegurarse de realizar la compactación, conforme a la normativa legal que exige este procedimiento.
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“¿Qué quiere decir eso? Que no es que traslado este problema a otro lugar físico, o sea, no es que retiro un vehículo y llevo a otro lado y ya está, sino que se tiene que compactar las chatarras de estos lugares sin dañar el medio ambiente”, especificó.
“No quiero que se piense que alguien puede venir nomás a retirar esta chatarra. Para que nadie crea que esto es de cualquiera, sino que es de la Policía”, subrayó seguidamente.
Según los informes policiales, la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso es donde mayor cantidad de vehículos hay, con 537. Le siguen la Comisaría de Areguá, con 510; la Comisaría de Mora Cué, con 470, y la de J. Augusto Saldívar, con 460 rodados.
De acuerdo con lo que argumentó la Policía Nacional en su pedido ante la Justicia para destruir los vehículos, estos se convirtieron en un peligro, porque favorecen la proliferación de alimañas y son potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades; en este caso, dengue, zika o chikungunya.
