En efecto, Montanía fue designada para entender en el caso de la supuesta coima en el Indert. Coincidentemente, la jueza Montanía, cuando estaba de turno en el Juzgado Anticorrupción, fue la que dispuso hace casi un mes y medio las autorizaciones para las grabaciones de llamadas, conjuntamente con su colega Gustavo Amarilla. Esas grabaciones hoy forman parte de las acusaciones.
El requerimiento fue presentado por los agentes del Ministerio Público Leonardi Guerrero y Osmar Legal, quienes pidieron la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos.
EL CASO. Según la imputación fiscal, Soler y Gómez de la Fuente habrían solicitado la suma de USD 25.000 para revocar una adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, colonia Ñande Mba’e, en el Departamento de Boquerón, que correspondía a Natalia Méndez.
La denuncia fue formulada por Albino Méndez, el pasado 13 de agosto, quien señaló que los citados funcionarios del Indert le requirieron el dinero.
Méndez sostuvo que reunió todos los requisitos que señala el Estatuto Agrario, y que no había objeción para el procedimiento. La negociación donde están comprometidos el ex diputado de Patria Querida y Gómez está grabada con autorización judicial dictada por los jueces Montanía y Amarilla.
El ex parlamentario presentó el pasado lunes una denuncia ante la Fiscalía por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y soborno contra personas innominadas. Sin embargo, también está comprometido en el caso que afecta al Indert.