De esta manera, el magistrado devolvió el requerimiento al fiscal, quien tiene un plazo de diez días para ratificar o cambiar el pedido de desestimar la causa investigada.
Si el agente del Ministerio Público se ratifica y el juez insiste en su oposición, según el artículo 314 del Código Procesal Penal, el juez deberá remitir el caso al fiscal general o al que este designe, que tendrá un plazo similar para ratificar el pedido del fiscal, o solicitar lo que corresponda.
En la causa, cuando se dio el escándalo de la ocupación vip en la ciudad de Villa Hayes, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público relacionada con el terreno estatal conocido como la finca 916 o también Jardines de Remansito.
Tras la investigación, el fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos, pidió el martes pasado desestimar la denuncia, con lo que ahora el juez de la causa se expidió y se opuso al pedido del representante del Ministerio Público.
Yolanda Paredes, con patrocinio de la abogada Gessy Ruiz Díaz, denunció los hechos punibles de lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
En la presentación, incluyó una lista de los ocupantes de la propiedad pública, entre ellos, Fernando Camacho, ahora ex titular del Encuentro Nacional; Rossana Ramírez, esposa de Hugo Simón, dueño de Laboratorio Indufar; Miguel Reinal, de Náutica y Cabaña Doña Gilda, y Hugo Berthold Friesen, director de la Asociación de Capellanía Empresarial.
Asimismo, integran la lista Alfredo José Vinader, ex interventor de Acepar; el ganadero Óscar Peter Klassen, dueño de la estancia Dos Hermanas; Berthold Penner, socio de Wesley Kehler en Global Trading y presidente de la Asociación de Menonitas del Paraguay, y Daniel Gómez Rambado, ahora ex miembro del Tribunal de Apelación y presidente del Consejo de Administración de la circunscripción de Villa Hayes.
Según el pedido de Arzamendia, tras la investigación, que abarcó varios informes solicitados a distintas entidades públicas, no halló indicios de los hechos punibles investigados, debido a que los mismos no ingresaron en forma clandestina, sino que tenían documentos al respecto.
En el caso, la Procuraduría General de la República había planteado una acción civil, ante el juez José Villalba, donde los ocupantes dejaron constancia de la entrega de los inmuebles al Estado, ya que se encuentran a nombre del Ministerio de Defensa Nacional.
