31 may. 2026

Juez envía a casa a presunto narco tras días en prisión

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Grave. El juez (foto) aceptó los inmuebles como fianza, y envió a casa al procesado.

MARCIANO CANDIA

Marciano Candia
PEDRO JUAN CABALLERO

Tan solo ocho días pasó en prisión el presunto narcotraficante Víctor Hugo Dos Santos González, quien se había presentado luego de estar diecisiete años prófugo. El juez en lo Civil de Capitán Bado, Cristhian Sánchez Zaracho, lo benefició con el arresto domiciliario.
El golpe en plena feria judicial se hizo de manera sigilosa. El pasado 17 de enero, Dos Santos se había presentado ante la Justicia y fue enviado a cumplir prisión en la Penitenciaría Regional.

Había permanecido con paradero desconocido desde hace un tiempo, luego de que se había decomisado una megacarga de 450 kilos de cocaína pura en el año 2007.

El operativo lo habían llevado adelante agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde fueron detenidas varias personas, entre ellas tres agentes de la Policía Nacional, quienes supuestamente iban para custodiar la valiosa carga.

El sábado 24 de enero, el juez Sánchez Zaracho ordenó que el acusado guarde reclusión domiciliaria, luego de ofrecer algunos inmuebles como garantía.

EL CASO. El 18 de junio del 2007, seis personas fueron detenidas, entre ellos Nelson Ramón Sánchez López, Benito Ataia Chamorro y Édgar Salvador Carballo, todos integrantes de la brigada de Investigación de Delitos.

Así también, fueron identificados como los presuntos narcotraficantes Víctor Hugo Dos Santos González, Jorge Ramón Peña Ferreira y Juan Carlos Vidal Dos Santos. Estos últimos hoy se encuentran todavía en la clandestinidad.

JUEZ AUDITADO. El juez Cristian Ariel Sánchez ya anteriormente había tenido críticas, luego de ordenar el remate de una supuesta estancia, que estaría ligada a Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, incautada y administrada por la Secretaria Nacional de Administración de Bienes (Senabico).

Fue el ministro César Diesel quien propuso al pleno de la Corte realizar una auditoría en el caso.

La investigación interna era para determinar si el magistrado actuó o no fuera de la ley, y si los funcionarios de la Senabico cometieron o no alguna omisión grave.

En otra causa, también la firma Agroforestal Tacuatí SA denunció que el juez ordenó supuestamente en un juicio ejecutivo la venta irregular de tres inmuebles. Se reclamaba la suma de USD 300.000. Sin embargo, con la primera venta ya se cubría el doble del monto, y pese a eso, continuaron vendiendo.

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