Dijo que su actuación se enmarca dentro de las obligaciones legales que tiene cualquier juez al encontrar hechos nuevos que se desprenden de una causa principal.
El magistrado se respaldó en el artículo 284 del Código Procesal Penal ya que es el que le da facultad a la denuncia, y el artículo 286 obliga a hacer dicha denuncia cuando uno tiene el conocimiento de un hecho punible.
Salió al paso de los dichos del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, que cuestionó que haya salido a la luz solo una parte del contenido del teléfono del legislador fallecido y destacó que su trabajo está revisado por el Tribunal de Alzada.
Legal indicó que los datos obtenidos del dispositivo de Gomes sugieren la comisión de hechos punibles como coima, tráfico de influencias y lavado de dinero.
El juez aclaró que los datos que fueron entregados a la Fiscalía no guardan relación con la investigación a la familia Gomes por lavado de dinero y otros delitos, sino que se extrajeron “los hechos más relevantes” para que se pueda abrir otra carpeta de investigación.
Señaló que al realizar el análisis de la extracción, todo lo que puede guardar relevancia para el agente fiscal o para la defensa, tanto de cargo como de descargo, o tenga relación con el hecho investigado va a ser entregado in totum a las partes. En tanto, lo que se comunica al Ministerio Público para apertura de causa no guarda relación con eso, que es lo que sí guarda relación con la causa que está a su cargo.
Añadió que “evidentemente esto tomó estado público, pero en realidad lo otro tampoco luego puede tomar estado público, porque el propio Código Procesal Penal en el artículo 322 obliga a las partes a que nada de lo que está dentro de la carpeta fiscal o del expediente sean publicitados por una cuestión justamente de la protección de la presunción de inocencia”.
Sostuvo también que todo lo relacionado al peritaje será puesto a disposición de la Fiscalía y de los abogados de los procesados.
“Lo que objetivamente se puede configurar y tendría vinculación directa y elemento probatorio se envía la Fiscalía”, resaltó.
El juez envió al Ministerio Público un informe de 40 páginas en el que se detallan conversaciones, fotografías y audios que implican a miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, parlamentarios, jueces, fiscales e incluso comunicadores.
Entre los involucrados se encuentran el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi Estela López.
