19 sept. 2025

Juez decreta la prisión preventiva para el diputado Miguel Cuevas

El juez penal de Garantías, Yoan Paul López, dispuso este viernes la prisión preventiva para el diputado colorado Miguel Cuevas, quien es investigado por un supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la decisión del magistrado aún no quedó firme por un recurso planteado por la defensa.

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Miguel Cuevas (d) se presentó este viernes de nuevo en tribunales.

Foto: Corte Suprema de Justicia.

El diputado colorado Miguel Cuevas se presentó nuevamente este viernes ante el juez Yoan Paul López para su audiencia de imposición de medidas, tras establecerse en la víspera un cuarto intermedio.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva del parlamentario y el magistrado se allanó al pedido del Ministerio Público. Consideró que hay peligro de fuga y a la obstrucción de la investigación.

El juez Yoan Paul López explicó que había declarado cuarto intermedio para verificar la existencia de suficientes elementos de comisión de un hecho punible, lo que sí corroboró.

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Sin embargo, a pesar de que el Juzgado haya decretado la prisión preventiva, la defensa presentó un recurso de reposición de medidas contra la misma decisión. Si bien el juez negó la reposición, el magistrado señaló que no es competente para admitir y estudiar una apelación en subsidio. Se elevó a la Cámara de Apelaciones.

Tiene tres días para resolver el planteamiento por lo que Cuevas no irá a prisión.

El legislador colorado está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, debido a aparentes irregularidades relacionadas a su gestión como gobernador de Paraguarí.

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La defensa del político sostuvo que la tasación del inmueble, fundamento principal de su imputación, “es una mentira”. El letrado dijo que es necesaria una pericia contable para determinar si realmente hay una diferencia en sus ingresos.

“El perito de la Fiscalía mintió y ese es el fundamento de su imputación. En julio presentó su imputación y para agosto no hizo ninguna otra diligencia ni pericia contable”, expresó al tiempo de afirmar que es un ataque por una cuestión política.

El pasado 15 de enero, Miguel Cuevas había logrado la suspensión de su audiencia debido a una apelación pendiente que hace que toda la providencia no esté firme.

En aquella ocasión también fueron suspendidas las audiencias de Nancy De Jesús Florentín de Cuevas y Enzo Miguel Cuevas Florentín, esposa e hijo de Miguel Cuevas, respectivamente.

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Abogado asegura que no existe peligro de fuga

El abogado del legislador, Carlos Villamayor, explicó que el recurso de reposición se planteó porque “no existe un peligro de fuga”. Señaló que su defendido jamás se escondió y que siempre se presentó a las audiencias con sus abogados. “Será injusto que tenga medidas de prisión preventiva”, aseguró.

“Resulta ser que el juzgado manifiesta que existe peligro de fuga por la calificación del hecho y con la modificación del Artículo 245 (Código Procesal Penal) se dejó de lado ordenar una prisión por calificación”, argumentó.

“Entonces se analiza los elementos que hay en la carpeta para que uno pueda ser beneficiado, y al momento de que el juzgado nos manifiesta de nuevo de que existe un peligro de fuga por la calificación, decimos que es una interpretación errónea”, remarcó.

La investigación contra Miguel Cuevas

Según las investigaciones del Ministerio Público, Cuevas incrementó su patrimonio de manera desmedida durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario público.

El Ministerio Público constató que el legislador tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.

La pesquisa se inició luego de la denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, que señala que el ahora parlamentario malversó al menos G. 1.200 millones.

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Su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, fue procesada por los supuestos hechos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.

Mientras que su hijo, Enzo Cuevas, es investigado también por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas.

Estas dos últimas personas fueron beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.

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