19 sept. 2025

Juez da prisión a hombre clave en caso A Ultranza Py

26744405

Prisión. Rodrigo Emilio Montalva Agüero, tras llegar a tribunales para la audiencia.

gentileza

Rodrigo Emilio Montalva Agüero, supuesto hombre clave en el esquema de lavado de dinero del caso A Ultranza Paraguay, tiene prisión preventiva desde ayer, tras la audiencia ante el juez de Garantías, Matías Garcete, que interina a su colega Rosarito Montanía.

Tras haber sido detenido en el Alto Paraná, ayer se presentó a la audiencia de imposición de medidas cautelares. Estuvo acompañado del abogado Ricardo Federico Bellassai, quien solicitó las medidas sustitutivas a la prisión.

Por su parte, el fiscal Deny Yoon Pak, había requerido la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se le investigan, y que estuvo prófugo durante casi un año.

Después, el magistrado entendió que se cumplían con los requisitos para dictar la prisión. Señaló que era un hecho grave, que existía peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.

Al final, el juez extinguió el estado de rebeldía, y dejó sin efecto la captura nacional e internacional que pesaba en su contra. Además, reanudó los plazos procesales. El requerimiento conclusivo debe presentarse el 3 de agosto.

Además, el magistrado calificó el hecho como tráfico internacional de drogas, asociación criminal según la Ley Antidrogas, y Comercialización de Estupefacientes.

Finalmente, decretó la prisión preventiva en el Penal de Tacumbú, o en cualquier otro centro penitenciario.

BITCOINS. Tras la captura de Rodrigo Emilio Montalva Agüero y el allanamiento a una vivienda en Presidente Franco, los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas allanaron un depósito ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Este, presumiblemente, era utilizado como una granja de criptomonedas. La propiedad pertenece al cuñado de Montalva, identificado como Éver Cristobal Córdoba Villanueva, quien no fue localizado, conforme con el dato de la Senad.

En el lugar fueron detectadas 12 máquinas mineradoras de bitcoins y una computadora portátil que estaban en pleno funcionamiento mediante conexión irregular al sistema de abastecimiento eléctrico.

Se maneja como hipótesis que la minería era una inversión de Montalva como medio para legitimar dinero de origen ilícito, conforme con los investigadores.

En el caso, hay que señalar que la organización criminal liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán también operaba con criptomonedas para realizar pagos por cargamentos, según los encargados del caso.

Más contenido de esta sección
A pedido de la defensa, que aún no accedió a todas las pruebas, el juez Miguel Palacios postergó por segunda vez la preliminar del senador Hernán Rivas, en el caso de los supuestos títulos falsos. Quedó para el próximo 6 de octubre a las 07:40 horas.
Por una apelación pendiente ante la Corte se suspendió la audiencia para sustanciar el recurso de la defensa de la abogada Emma González Ramos, ex representante de Ramón González Daher. Mientras se esperaba el fallo del Tribunal, la acusada trató de “mentiroso y cobarde” al querellante adhesivo Federico Campos López Moreira.
En juicio oral, esta mañana, el fiscal Giovanni Grisetti requirió la pena de tres años y seis meses de prisión para el médico Aurelio Espínola, acusado por el presunto homicidio culposo del ex diputado Fernando Nicora. También solicitó la inhabilitación del ejercicio de la medicina por el mismo plazo.
Ante el juez de Garantías Miguel Palacios se presentaron el ex diputado Ulises Quintana, además de los abogados Nelson López e Inés Guzmán para la audiencia disciplinaria, teniendo en cuenta las múltiples recusaciones presentadas en el caso del Operativo Berilo, que impidieron realizar la preliminar.
El juez Rodrigo Estigarribia rechazó los recursos de las defensas y confirmó la fecha de audiencia preliminar con relación a los ex intendentes de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez (ANR), y César Ojeda, además de Wilfrido Cáceres, procesados en la causa conocida como detergentes de oro. El pedido ahora será estudiado por el Tribunal de Apelación.
Tras el doble crimen en Presidente Franco, una experta destacó la falta de políticas públicas para proteger a las familias y advirtió que las autoridades no están abordando el aumento de denuncias