En noviembre, el Ministerio Público presentó una acusación contra el parlamentario que señala que hizo figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara Baja, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado.
La causa penal a Rivas se inició luego de una investigación periodística de ÚH en 2017 que corroboró que Rivas mantuvo como funcionarios a su cargo en el Congreso a un empleado de su quinta en el Departamento de Paraguarí (Lucio Romero), un empleado de un comercio familiar en Ybycuí (Nery Franco) y el casero de su residencia en Lambaré (Reinaldo Chaparro).
Luego de un año de investigación el fiscal Luis Piñánez imputó al legislador y sus empleados por diversos delitos en mayo de 2018.
EMPLEADOS. Los tres supuestos funcionarios del Congreso ya tuvieron una audiencia preliminar y la causa ya fue elevada a juicio oral para ellos. El juicio fue fijado para el 1, 4 y 7 de febrero del año que viene. El Tribunal de Sentencia está conformado por Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Wilfrido Peralta.
La hipótesis de la Fiscalía se sustenta en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
El informe técnico advierte que los tres imputados en ningún momento estuvieron en su lugar de trabajo en Diputados, ni siquiera en la misma zona, durante los días en los que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el Parlamento, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
Sin embargo, durante este tiempo todos ellos firmaron planillas de asistencia a la Cámara y cada una de las planillas fue certificada con la firma del propio Rivas. Además, la Fiscalía tiene una pericia documentológica que señala que las planillas fueron firmadas de una sola vez.
Asimismo, un informe bancario señala que los imputados hicieron extracciones de dinero en los días laborales en la zona de Paraguarí y esto también coincide con la ubicación de sus celulares.
DEFENSA. Jorge Bogarín, abogado defensor del diputado, señaló que su cliente sostiene su inocencia y que los otros tres imputados sí cumplían funciones como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja. Asimismo, afirmó que en la audiencia preliminar podrán desacreditar falacias que se están mencionando en torno a su caso. En octubre, Tomás Rivas fue salvado por sus colegas en la Cámara Baja que lograron que se rechace y archive un pedido de investidura que pesaba sobre él, Carlos Portillo y Ulises Quintana.
EL IMPACTO DE la corrupción EN LA POLÍTICA